El juez ordena identificar a los hosteleros que facilitaron el fraude de la Alhambra

En el trabajo pericial encargado por el juez se cuestiona el trabajo de los porteros y la labor de los taquilleros, en posible "connivencia" con agencias sospechosas de cometer fraude con las entradas

Á. CALLEJA /P. MARISCAL. El último informe pericial encargado por el juez de Instrucción 6 de Granada, Miguel Ángel del Arco, deja en muy mal lugar a la Federación de Empresas de Hostelería y Turismo de Granada, que incurre en numerosas irregularidades por la falta de control sobre las entradas que el Patronato de la Alhambra le tenía asignadas en virtud al convenio de colaboración.

Las demoledoras conclusiones del estudio elaborado por el perito contable Francisco Castillo Rodríguez han llevado al juez a ordenar a la Policía Nacional, mediante providencia, que identifique a las personas responsables de la Federación de Hostelería que concedían a los establecimientos entradas o facilitaba los códigos de reserva a los bonos que permitían luego el acceso de los visitantes al monumento nazarí. La investigación policial se limitará al periodo comprendido entre 2002 y 2005, en el que se detecta el supuesto fraude por el que están implicados agencias de viaje, guías turísticos y trabajadores de la Alhambra, entre otros.

Del Arco ha solicitado también que se busque a los responsables de la Federación encargados de la reserva de bonos que disponían los hoteles Carmen y Montecarlo y de los que se beneficiaba la agencia Wit Travel.

En el ´caso Alhambra´ hay más de cincuenta encausados por supuesto fraude. Precisamente otro informe pericial cifró en 7,9 millones de euros el quebranto ocasionado por el fraude al Patronato entre 2002 y 2005 si bien en el peritaje que se hace sobre la gestión de la Federación de Hostelería no se cuantifica el perjuicio económico aunque sí se dan detalles de las entradas o bonos que se pusieron a disposición de determinadas empresas.

La decisión del juez de profundizar en la investigación de la gestión de la Federación se produce después de conocer el informe pericial sobre las presuntas irregularidades detectadas por la venta de entradas.

Irregularidades. Entre las anomalías figura la asignación de códigos a empresas que no eran hoteles; la existencia de un porcentaje de entradas no retiradas por la Federación, muy superior a la media del resto de empresas asociadas; la falta de rigurosidad a la hora de cumplimentar las reserva, o el hecho de autorizar reservas con muchos días de antelación, en algunos casos 55 días, o con el mismo número de DNI a varias personas distintas y para fechas de visita diferentes.

Entre los establecimientos no hoteleros que tenían acceso a los códigos de la Federación, con los que obtenían entradas y bonos para visitar la Alhambra, figura la agencia Wit Travel (Washington Irving), cuyas irregularidades merecen, a juicio del perito, un capítulo aparte.

Lo cierto es que el informe cuestiona no sólo el papel de la Federación y la citada agencia sino también el de controladores o porteros que, según el perito, pudieron actuar en "connivencia", así como la labor de los taquilleros o expendedores que incumplían las instrucciones del monumento a fin de evitar el desvío de entradas a representantes de agencias de viaje, personas integrantes de grupos turísticos organizados y guías turísticos.

En su informe, el perito constata que "hay 16 empresas que no son de alojamiento y, por tanto, no cumplen el requisito de pernoctación, vulnerando así lo estipulado en el convenio". Entre ellas figuran agencias de viaje, empresas de autocares o restaurantes que venían haciendo reservas con el beneplácito de la Federación durante el periodo 2002-2005.

Era habitual que la solicitud de bonos, que permiten el acceso a varias personas, presentara deficiencias o errores en lo referido a cumplimentar correctamente los nombres, el DNI o los códigos utilizados. "Es significativo –precisa el perito– que el organismo encargado del control y correcto funcionamiento de que se cumpla lo establecido en el convenio, sea el que en mayor medida incumple lo establecido en el mismo, y realice cancelaciones y anulaciones del 79,38% de media en los cuatro años, muy por encima del resto de agentes".