UGT pide penas de hasta 13 años de cárcel para los imputados

Las sesiones del juicio oral comenzarán el próximo 18 de mayo en el Juzgado de lo Penal 6 de Granada tras un aplazamiento de seis meses en el último momento debido a la baja por maternidad de una de las abogadas en el proceso.

EFE La UGT, personada como acusación particular en el accidente laboral que costó la vida a un trabajador boliviano en Maracena (Granada) en febrero de 2005, ha solicitado penas de entre dos y trece años de cárcel para los seis imputados, en su mayoría empresarios para los que el fallecido trabajaba.

Las sesiones del juicio oral comenzarán el próximo 18 de mayo en el Juzgado de lo Penal 6 de Granada tras un aplazamiento de seis meses en el último momento debido a la baja por maternidad de una de las abogadas en el proceso, ha informado hoy el sindicato.

Para los dos responsables de la empresa "Robles y Santiago", que quedaron en su día en libertad bajo fianza de 30.000 euros, la UGT solicita trece años de prisión, seis de inhabilitación y multa de 216.000 euros por los delitos de homicidio imprudente, contra la seguridad e higiene en el trabajo, imposición a los trabajadores de condiciones laborales que perjudican sus derechos y por emplear a extranjeros sin permiso de trabajo.

Para el hermano de uno de los empresarios, solicita ocho años de cárcel, seis de inhabilitación y multa de 151.200 euros por los delitos de homicidio imprudente, contra la seguridad e higiene en el trabajo y por encubrimiento y omisión del deber de socorro.

También está imputado el arquitecto, para quien la UGT pide seis años de prisión, otros tantos de inhabilitación y multa de 144.000 euros por los homicidio imprudente y contra la seguridad e higiene, mientras que para los dos trabajadores que limpiaron la sangre del fallecido y colocaron tras el suceso medidas de seguridad de las que carecía la obra en ese momento, dos años de cárcel por un delito de encubrimiento.

El sindicato, que ha criticado la tardanza en la celebración del juicio, entiende que la "gravedad" de los hechos que causaron la muerte a este trabajador -en situación administrativa irregular-, así como las circunstancias que rodearon el accidente, exigen "cuanto antes" una resolución judicial que determine las responsabilidades de los imputados.

El obrero falleció tras caer de un andamio a una altura de ocho metros cuando trabajaba en la construcción de un habitáculo para colocar un ascensor en un edificio de la localidad granadina.

En la investigación, la Guardia Civil averiguó que el trabajador fallecido, cuya familia donó sus órganos, permanecía en España de forma irregular y trabajaba sin contrato para "Robles y Santiago".