La juez recurre al fiscal para decidir si asume el caso Lorca

La titular del Juzgado de Instrucción quiere saber si es competente para resolver la exhumación o debe inhibirse

Á.C / EFE Los trámites para exhumar la fosa de Víznar donde supuestamente yacen los restos del poeta Federico García Lorca se pueden alargar en el tiempo más de lo esperado, incluso podría intervenir el Tribunal Supremo si el Juzgado de Instrucción 3, donde ha recaído la causa, opta por inhibirse como ya lo hiciera la Audiencia Nacional.

En realidad, la tramitación de la causa está aún en fase embrionaria puesto que la juez de Instrucción 3 de Granada, Aurora Fernández, está solicitando informes para resolver si es competente para instruir la causa o considera, por el contrario, que debe ser devuelta a la Audiencia Nacional.

Lo paradójico del asunto es que la Audiencia Nacional ya se inhibió en su día en favor de los juzgados territoriales, es decir, los juzgados de cada provincia.

De hecho, la remisión del expediente a Granada se produjo después de que el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón se inhibiera el pasado mes de noviembre de la causa al ser declarado no competente para instruir la investigación sobre las desapariciones durante la Guerra Civil y el franquismo.

Ahora, la juez de Instrucción 3 de Granada ha solicitado un informe a la Fiscalía para que se pronuncie sobre si cree que el juzgado del que es titular es competente para decidir sobre la conveniencia o no de exhumar los restos del poeta.

La solicitud de exhumación presentada ante Garzón por la Asociación Granadina para la Recuperación de la Memoria Histórica (AGRMH) parte de los familiares de Dióscoro Galindo y Francisco Galadí que, junto a Joaquín Arcollas, fueron enterrados supuestamente en la misma fosa que el poeta granadino, cuya familia ha mostrado sus reticencias al proceso de apertura de la fosa.

Una vez que la Fiscalía emita su informe -no vinculante- sobre esta incidencia de competencia, la juez deberá resolver sobre si asume la causa o la devuelve a la Audiencia Nacional. En caso de que el juzgado optara por inhibirse y devolver la causa a la Audiencia Nacional y ésta persistiera en que corresponde tramitarla a Granada, el caso se elevaría al Tribunal Supremo (TS), que tendría que resolver al respecto al darse un caso de "conflicto negativo de competencias".

El Juzgado de Instrucción 3 de Granada asumió la tramitación de la causa el mes pasado, después de que la Audiencia Nacional remitiera el expediente al Decanato, que lo adjudicó a ese juzgado por reparto.

Poco antes de que se inhibiera Garzón, el juez de la Audiencia Nacional llegó a remitir al Decanato de Granada -y al del resto de provincias a las que afectaban las denuncias de asociaciones de familiares de desaparecidos- el exhorto sobre las condiciones en las que debería llevarse a cabo la exhumación. De hecho, el Juzgado de Instrucción 2 llevó a cabo gestiones que luego tuvo que paralizar.

En aquel exhorto, Garzón se refería al auto por el que autorizó, entre otros, el inicio, desarrollo o continuación de la exhumación de los restos del maestro de Pulianas Dióscoro Galindo y del banderillero Francisco Galadí, supuestamente enterrados con Lorca.

En esa comunicación, en la que no se mencionaba a Lorca, Garzón recordaba también los requisitos mínimos que ya fijó en una resolución anterior y que habrían de tenerse en cuenta para los trabajos de exhumación.