L. O. / E. P.
El alcalde de Granada, José Torres Hurtado, se desvinculó ayer del desfalco de 142.000 euros cometido en la concesionaria del servicio de autobuses de la capital por parte del responsable de las nóminas y los contratos. Torres Hurtado considera que el Ayuntamiento no tiene la obligación de controlar la gestión interna de una empresa privada.
Así lo indicó ayer el alcalde después de que el martes las portavoces de los grupos municipales del PSOE e IU, Carmen García Raya y Lola Ruiz, exigieran al equipo de gobierno la puesta en marcha de una investigación para aclarar este asunto, que achacaron a una "falta de control" del PP.
"Con estos comentarios no sé si llorar o reír", ironizó el regidor antes de incidir en que la misión del Consistorio es controlar la calidad de la prestación del servicio en cuanto al cumplimiento de los horarios y las condiciones de los autobuses.
"Pero que digan estas señoras que tengo que controlar la empresa por dentro y su gestión es lo único que me falta", añadió y vinculó las declaraciones de las ediles al "desconocimiento".
El alcalde consideró que tanto García Raya como Ruiz Domenech "son mayorcitas para saber cómo funciona este país y los contratos [de los ayuntamientos] con las empresas", por eso -sentenció- "voy a reírme y no llorar".
Acusación. La concesionaria del transporte público en la capital acusará a A.V.J., vecino de Huétor Vega, doblemente: en el ámbito penal -con el procedimiento judicial que ya está en marcha- y en materia laboral porque la dirección ha iniciado un expediente en su contra que acabará, previsiblemente, con su expulsión definitiva del trabajo.
Los empleados de las oficinas de Rober han inspeccionado todas las gestiones administrativas realizadas por A.V.J. desde el año 2000 y no han encontrado más manipulaciones que las presuntamente cometidas por este empleado.
A.V.J. ha reconocido los hechos en las declaraciones prestadas ante la Policía Nacional y el juez de guardia, según han confirmado distintas fuentes. Según explicó a los investigadores, todos los colombianos a los que recurrió para realizar la estafa estaban al tanto de los hechos. Su mujer era la única que, especificó, era ajena al fraude. Pese a esa supuesta ignorancia, la esposa cobraba sin trabajar.