La Diputación, condenada a readmitir o indemnizar a un trabajador

El PP considera que se trató de un "despido político" al pertenecer a un sindicato que "no es el oficial".

EFE El Juzgado de lo Social 3 de Granada ha condenado a la Diputación a readmitir o indemnizar con 34.303 euros a un médico del Centro de Drogodependencias, dependiente de la institución provincial, por considerar su despido improcedente.

La sentencia ha sido dada hoy a conocer en rueda de prensa por el PP, para quien se ha tratado de un "despido político" al pertenecer este trabajador a un sindicato que "no es el oficial -UGT-".

Según la sentencia, el demandante, que prestaba servicios en este centro desde 1999, fue cesado el 30 de noviembre de 2008 por medio de una resolución de la Diputación en la que justificaba la medida en una modificación del convenio con la Consejería de Igualdad y Bienestar Social, en virtud de la cual desaparecía la unidad de desintoxicación rápida en la que el trabajador desempeñaba su labor.

El juzgado entiende que, a tenor de las circunstancias laborales del demandante, el cese ha supuesto una transgresión de la normativa y un "verdadero despido" del trabajador, al que la Diputación tendrá que readmitir o indemnizar con 34.303 euros, según el fallo.

El portavoz del grupo del PP en la Diputación, José Antonio Robles, ha enmarcado esta sentencia en el uso "partidista e interesado" que hace el presidente, Antonio Martínez Caler (PSOE), de la institución provincial, donde hay "más de cien enchufados entre amigos y familiares".

Robles se ha referido a lo que ha denominado como "el club de los 60.000 euros", en el que incluye a los funcionarios de la Diputación, fundamentalmente cargos de confianza, que cobran esa cifra al año por "defender los intereses del PSOE".

Ha citado entre ellos al director del Centro de Estudios Municipales y de Cooperación Internacional (CEMCI), José Antonio Aparicio, y al ex alcalde de Guadix y actual gerente de Visogsa.

Robles también ha sostenido que la diputada de Igualdad, Josefa Caballero, tiene en la Diputación a cuatro familiares como funcionarios y que la primera en la lista de unas oposiciones para la obtención de plazas de ATS es la mujer del alcalde de Maracena.

El PP ha pedido "igualdad de oportunidades" y ha considerado que los 80.000 parados de la provincia "merecen una explicación" por parte del presidente de la Diputación.