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Á.C. /P.M El ex concejal de Urbanismo de Alhendín, Manuel Fernández, investigado por las supuestas irregularidades urbanísticas en el ´caso Marchelo´, deberá elegir entre ser funcionario del Ayuntamiento de Granada o mantener su actividad privada como abogado o representante de una promotora.
Los partidos políticos aprobaron por unanimidad la semana pasada, en el pleno ordinario del Ayuntamiento de Granada, el expediente donde se desestimaba la solicitud que Manuel Fernández elevó al gobierno municipal para tratar de compatibilizar ambas actividades a raíz de que La Opinión publicara en marzo que ejercía como técnico municipal, letrado y representante de una empresa.
Prueba de ello es que el juez que instruye el ´caso Marchelo´ lo eximió de la obligación de comparecer en el juzgado a firmar, como medida de control impuesta al imputado, por sus visitas frecuentes al Juzgado en calidad de abogado.
El concejal de Personal, José Antonio Fuentes (PP), explicó ayer que Manuel Fernández no podía seguir manteniendo ambas actividades puesto que la Ley de Incompatibilidades de la función pública sólo hace distinciones cuando el trabajo a desempeñar guarda relación la docencia.
Al margen de denegarle la solicitud para ejercer ambas actividades, el Ayuntamiento de Granada ha abierto un expediente informativo con la designación de un instructor que determinará si las relaciones laborales de Fernández venían siendo compatibilizadas con su puesto de funcionario en el área de Cultura. En caso afirmativo, se le abrirá un expediente sancionador, según informó el concejal de Personal.
Los documentos, a los que tuvo acceso este diario y los testimonios de varias personas que mantuvieron relaciones profesionales con el ex concejal de Alhendín, prueban que, además, Fernández es representante de El Chacón 2005 SL, una empresa dedicada a la promoción y construcción de viviendas investigada en el mismo proceso judicial en el que él está imputado por varios delitos.
En la citada promotora aparecían como socios cargos del PP, entre ellos el entonces senador Eugenio Castillo, así como el ex alcalde y compañero de gobierno de Alhendín, José Guerrero, también imputado en la misma causa por varios presuntos delitos urbanísticos.
Tras ganar el PP las elecciones en 1999, Manuel Fernández sí pidió la excedencia en el Ayuntamiento de Granada -entonces ocupaba un puesto en el servicio de Recaudación- para incorporarse como concejal en el Ayuntamiento de Alhendín . Pero, tras su detención, se incorporó de nuevo al Ayuntamiento, sin olvidar su actividad privada.
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