P.M. / M.M.
Los representantes de los más de 400 trabajadores de Rober han sido informados oficialmente del desfalco cometido, presuntamente, por A.V.J. Algunos de ellos estuvieron presentes cuando la Policía Nacional se presentó en las oficinas el lunes 27 para detener a esta persona y precintar los cajones donde guardaba todas las nóminas y los contratos fraudulentos de los colombianos.
Esta situación ha generado, según fuentes de la empresa, un agujero financiero que supera los 140.000 euros, las cantidades que en concepto de salario y cotizaciones ingresó Rober a los colombianos que jamás han trabajado en esta empresa. Varios empleados han confirmado a este periódico que aún no han cobrado la nómina del mes de abril, que tendría que haber sido abonada el pasado 29.
Las explicaciones que han recibido de la empresa, aseguran, achacan el retraso a la deuda que mantiene el Ayuntamiento de Granada con Rober y al incidente generado por A.V.J. La empresa dio a los representantes sindicales la opción de adelantar mil euros a cada trabajador a la espera de que se solucionen estos problemas, medida que fue consultada con la plantilla y rechazada de igual forma.
Ayer, los conductores y el resto del personal con el que contactó este periódico afirmaban que seguían sin cobrar. Un revuelo considerable. La noticia de la detención de A.V.J. ha causado una marea de comentarios en la plantilla de la empresa. Muchos aseguraban ayer mismo que las actividades supuestamente irregulares de A.V.J. eran conocidas desde hace años, afirmación que contrasta con otras opiniones que describen a esta persona como el ejemplo del trabajador leal y correcto, problemas personales aparte.
Lo cierto es que hasta el viernes 24 de abril no hubo denuncia alguna en su contra. La detención del encargado de las nóminas y los contratos de Rober ha sido “muy comentada” la última semana entre los propios trabajadores ante la sorpresa que ha generado la actuación fraudulenta de A.V.J. El acusado, según otras fuentes, podría haber reconocido los hechos ante los investigadores policiales y el juez encargado de las diligencias abiertas tras la detención.