MIRIAM MILLÁN
No está resultándole barato a los granadinos que la feria del Corpus continúe celebrándose en el recinto de Almanjáyar. A la espera de que al Ayuntamiento se le ocurra o encuentre una ubicación mejor, lo cierto es que mantener el ferial en estos terrenos de la zona Norte de la ciudad ya le ha supuesto a las arcas municipales un nada despreciable ´bocado´ de 499.396 euros. Porque ésa es la cuantía que el ´monedero´ consistorial ha dejado de ingresar en concepto de IBI y otros impuestos para así compensar a la Empresa Pública de Suelo de Andalucía (EPSA) por no haberle entregado la parcela en junio de 2006, tal y como falló el Juzgado de lo Contencioso Administrativo 3 de Granada.
Pero este medio millón de euros, no abonado directamente pero sí compensado a costa de eximir a la Junta de pagar todo tipo de impuestos municipales, sólo es un tercio de la suma total (1.548.996 euros) que el Ayuntamiento adeuda a EPSA por los intereses de demora generados en estos tres años.
Así lo estipuló la juez Beatriz Galindo, que tras no apreciar lesividad en el acuerdo firmado en 2002 entre el Gobierno andaluz y la corporación municipal del ´tripartito´ para la venta de los terrenos, obligó al Consistorio a dejar libre el recinto para el 6 de junio de 2006 o en caso contrario debería abonar casi 300.000 euros al año en concepto de penalización.
Fue esta última opción la que ha terminado imponiéndose, si bien la empresa pública andaluza sólo ha recibido hasta la fecha 500.000 euros del más de millón y medio que ha ido acumulando el Ayuntamiento en todo este tiempo, según los datos financieros y administrativos de EPSA a los que ha tenido acceso este diario y según los cuales se desprende que la compensación por los intereses sólo liquida los seis meses que restaban de 2006 y parte de 2007.
Por lo tanto, queda pendiente de saldar más de 371.000 euros de 2007, 578.722 euros de 2008 y 99.484 euros a fecha de marzo de 2009, según reflejan los periodos de facturación de la empresa.
Se trata de cuantías económicas que aunque no salen directamente del bolsillo del Ayuntamiento sí "perjudican" a los ciudadanos, puesto que han "dejado de beneficiarse de todo ese dinero que las arcas municipales habrían sumado si los terrenos se hubiesen entregado a su debido tiempo". Así lo entiende la gerente de EPSA, Mar Román, para quien este retraso supone un "coste importante" para la ciudad, no sólo desde el punto de vista económico, sino también "social", ya que su ´ocupación´ ha impedido "construir un elevado número de viviendas de protección oficial, contribuyendo así a paliar una de las carencias de la ciudad de Granada", subrayó Román, que también lamenta que para cuando el Ayuntamiento decida finalmente comprar otro recinto, "igual no le queda ni para pagar los terrenos".
Antecedentes. El Corpus está a la vuelta de la esquina. Será el tercero que se celebre en los terrenos de Almanjáyar desde que los tribunales dictaminaran en marzo de 2006 que ese espacio debía quedar libre para que EPSA metiera las máquinas excavadoras. Pero lejos de ocurrir así, la compra de dicha parcela por parte de la Junta va a cumplir siete años y todo sigue igual.
La historia se remonta a junio de 2002, cuando la corporación local de entonces (presidida por el socialista Moratalla) estableció la venta de esos terrenos municipales por 6,8 millones de euros a EPSA, empresa dependiente de la Junta de Andalucía, que se comprometió a construir en el solar un total de 1.094 viviendas, de las que 802 eran de protección oficial.
Según el convenio, el Ayuntamiento utilizaría esos ingresos para financiar un nuevo recinto ferial y en un plazo máximo de cuatro años se comprometía a entregar los 190.866 metros cuadrados de este terreno de Almanjáyar o de lo contrario tendría que pagar los costes financieros por cada mes de retraso.
La cesión no se llevó a cabo, entre otras cosas, porque el Partido Popular, al llegar al poder tras las elecciones municipales de 2004, decidió recurrir dicha venta al considerar que esa cuantía era poco mas que ridícula y, por tanto, lesiva para los intereses de la ciudad. Sin embargo, los tribunales no le dieron la razón y tres años después de la sentencia el dinero de la venta continúa ingresado en una cuenta de las de ´prohibido tocar´ a la espera de que caiga del cielo un nuevo recinto ferial que satisfaga a todo el mundo por igual.