El juez no anula la licencia de obras del Nevada

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Granada afirma que el Ayuntamiento tiene la obligación de revisar de oficio esa concesión.

EUROPA PRESS El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Granada ha decidido no anular la licencia de obras para la construcción del Parque Comercial Nevada que otorgó a la empresa Galerías Comerciales S.A. el 30 de septiembre de 2005 el Ayuntamiento de Armilla, administración que sin embargo "tiene obligación" de revisar de oficio esa concesión.

El juez estima así parcialmente el recurso que interpuso la Junta de Andalucía el 4 de agosto de 2006, en el que pedía que se declarase nula de pleno derecho la licencia concedida, dejándola sin efecto y que se ordenase al Ayuntamiento, como finalmente se ha hecho, la revisión de oficio del acuerdo de la Junta de Gobierno Local.

Entre los argumentos que desgrana el juez en su sentencia, a la que tuvo acceso Europa Press, se encuentra el que el requerimiento efectuado por la Administración en cuanto a la declaración de nulidad de la licencia es "extemporáneo", al haberse interpuesto fuera del plazo que marca la ley.

No existen "razones fundadas" para anular la licencia de obras concedida, al no haberse impugnado en plazo, pero "sí las hay de índole urbanística para la revisión de oficio solicitada, lo cual puede determinar no sólo la nulidad de la licencia, sino también, en su caso, eventuales indemnizaciones en los términos previstos en la Ley 30/1992, lo que debe de determinarse en el procedimiento de revisión de oficio que se incoe".

No obstante, el magistrado indica que en aras de los intereses públicos implicados, que en el presente caso, dice "afectan directamente a la generación de riqueza" (por la creación de empleo), "lo que es especialmente trascendente en la actual época de crisis",bien podrían buscarse, entiende el juzgador, "soluciones alternativas, ya fuese modificando el proyecto y adoptando una nueva resolución conforme a los parámetros urbanísticos vigentes o, incluso, aprobándose una nueva y clara normativa por las Administraciones implicadas en este procedimiento que tratase de convalidar los aspectos que se consideren incompatibles".

En la resolución judicial se precisa por otra parte que el hecho de que el constructor haya podido ejecutar la obra al margen o con vulneración de la licencia que en su día se concedió es un asunto diferente al que esa licencia sea o no conforme a derecho, por "lo que --esa circunstancia-- no implica la nulidad".

"Lo que resulta del todo punto incuestionable es que la licencia concedida no coincide con la otorgada inicialmente y que fue aprobada e informada favorablemente por la Consejería de Economía y Hacienda en el año 2001. Por el contrario, se trama una estrategia de adquisición de suelo urbanizable que se desarrolla con el denominado Plan Parcial PP-B, cuyas determinaciones en materia de ocupación de parcela, edificabilidad y alturas son diferentes a las del proyecto inicialmente autorizado y para el que se concedió la oportuna licencia", incide el juez.

Por esa razón, en la sentencia mantiene que en el conjunto de impugnaciones de la Junta y atendiendo además a los "intereses públicos implicados" y a la "complejidad del asunto", existen "elementos de juicio suficientes" para acordar que se proceda a la revisión de oficio subsidiaria solicitada por la Administración Autonómica.

La supuesta tramitación irregular del Nevada se ha investigado también por la vía penal. De hecho, el titular del Juzgado de Instrucción 6 de Granada, Miguel Ángel del Arco, ya ha decretado la apertura del juicio oral contra once imputados, entre ellos el ex alcalde José Antonio Morales Cara el ex edil de Urbanismo, Gabriel Cañavate, y el promotor Tomás Olivo, que se enfrentan a penas de hasta cuatro años de prisión y hasta 24 de inhabilitación.

La Fiscalía solicitó en su escrito de calificación provisional la demolición del Nevada, considerando al ex alcalde de Armilla (Granada) José Antonio Morales Cara y al ex edil de Urbanismo Gabriel Cañavate autores de dos delitos contra la ordenación del territorio en su modalidad de prevaricación y en su modalidad prevista para funcionarios públicos miembros de órganos colegiados y de otro de infidelidad en la custodia de documentos públicos, para los que pide dos años de prisión, 20 de inhabilitación y multa de 10.800 euros.

Al promotor de la construcción --también imputado en el 'Caso Malaya'-- lo considera el Ministerio Público autor de un delito contra la ordenación del territorio, y de otro de desobediencia grave a la autoridad judicial, por los que solicita 2 años y dos meses de cárcel, multa de 10.800 euros y dos años de inhabilitación.

El PP, personado como acusación particular, que en un primer momento eximió de responsabilidad penal a Olivo y a cuatro personas más, se adhirió después a la petición del fiscal, mientras que Los Verdes, personado también como acusación particular, ha solicitado para los imputados penas de hasta cuatro años de prisión y seis de inhabilitación.