Á.C.
La Red de Fiscales Medioambientales de Andalucía y la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz solicitaron ayer una "urgente" reforma de la normativa penal en materia de patrimonio histórico al objeto de endurecer las conductas delictivas.
El defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, y los fiscales medioambientales, en presencia del fiscal superior de Andalucía, Jesús García Calderón, mantuvieron ayer en Granada una jornada de trabajo para abordar diversos asuntos relacionados con la ordenación del territorio, el patrimonio histórico y la protección medioambiental, cuyas conclusiones elevaron a las administraciones.
Entre ellas figura la necesidad de proceder a una nueva regulación penal en materia de patrimonio histórico al objeto de que se contemple un nuevo sistema de penas donde las multas sean más cuantiosas y una regulación penal de figuras como la excavación ilegal y la receptación de obras de arte. De igual modo, estiman necesaria la adaptación del Código Penal a la legislación administrativa. El coordinador de los fiscales de Medio Ambiente, Ángel Núñez, precisó que en la actualidad "resultan más baratas las sanciones penales que las sanciones administrativas".
No existe, según dijo, una "adecuada" tipificación de las conductas, por lo que, en casos de expolio, por ejemplo, se obliga a los juristas a acudir a otras figuras, como el robo o el hurto, una situación "que plantea problemas a la hora del dictado de sentencias condenatorias".
Por su parte, el asesor del Área de Medio Ambiente de la Oficina del Defensor, Ignacio Aycart, mencionó el caso concreto del municipio granadino de Baza, en el que existen numerosos bienes catalogados de interés cultural cuyo estado de conservación está siendo objeto de "reiteradas" denuncias por parte de colectivos sociales y culturales.
Se quejó de la "falta de actuación" de las administraciones públicas -en este caso Consejería de Cultura y Ayuntamiento- para evitar situaciones de derrumbe, demolición o riesgos para estos bienes culturales. "Nos preocupa que no haya suficiente conciencia de que hay que actuar en esta materia", indicó Aycart, que incidió en la obligación de la administración de exigir a los propietarios privados de bienes en situación de riesgo de que tienen que conservarlos y mantenerlos o de actuar de manera subsidiaria si el particular se niega.
También coincidieron a la hora de denunciar "cierta sensación de impunidad" por las construcciones ilegales en suelos no urbanizables que "no habían sido denunciadas ni por los responsables municipales ni por la autoridades autonómicas".
Es por ello que propusieron que que las empresas suministradoras no faciliten sus servicios hasta que las edificaciones cuenten con las autorizaciones pertinentes, así como que los notarios y registradores "extremen" su actuación para impedir las parcelaciones ilegales en suelo no urbanizable.
"Las administraciones públicas aún tienen que seguir muy pendientes para que no se relaje el ámbito de la inspección y se restablezca la legalidad urbanística", opinó el Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo.
Por su parte, el fiscal superior del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Jesús García Calderón, calificó como "extremadamente valiosa" la reunión anual que mantienen ambas instituciones al considerar que mejora el desarrollo de su labor.
En cuanto al desarrollo de la actividad industrial por instalaciones sometidas a autorización ambiental integrada, los fiscales y la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz solicitaron a la Junta de Andalucía que actúe con absoluta diligencia y rigor tanto en la realización de las labores inspectoras y sancionadoras como en la resolución de los procedimientos de concesión de dichas autorizaciones.
Sobre el medio ambiente se insistió en la necesidad de garantizar un aprovechamiento sostenible de un recurso como el agua.
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