MIRIAM MILLÁN
El Ayuntamiento quiere meter en vereda a cualquiera que emplee la vía pública para otra cosa que no sea pasear. Lo hará a través de la nueva Ordenanza municipal para la Convivencia, cuyo objetivo es sancionar a quienes practiquen cualquier tipo de mendicidad o actividad artística que pueda molestar a los transeúntes o entorpecer la circulación.
Dicho de otro modo, la nueva normativa aspira a que desaparezca de la ciudad la figura de los ´gorrillas´, ´limpialunas´, vendedores de pañuelos de papel, malabares, mimos o mujeres de etnia gitana ofreciendo romero. Para ello, les amonestará, advertirá de que su presencia perturba la tranquilidad ciudadana y si hacen caso omiso les aplicará un régimen sancionador que oscila entre los 120 y los 3.000 euros. Pero como último recurso les permitirá canjear las multas por "sesiones de atención individualizada con los servicios sociales del municipio o por cursos" en los que se les informará sobre las ayudas institucionales que tienen a su alcance.
Medidas. De este modo, el Ayuntamiento de Granada pretende "erradicar" el fenómeno de la mendicidad -sea cual sea el modo en el que se manifieste- a base de ´reciclar´ socialmente a quienes incumplan la ordenanza en este sentido. Es decir, el equipo de gobierno municipal "trabajará y prestará la ayuda que sea necesaria en el marco del Plan Municipal para la Inclusión Social, además de aplicar la legislación autonómica vigente en esta materia".
Así consta en el artículo 52 del documento que, en cualquier caso y al margen de los mecanismos de apoyo que facilite al infractor, contempla la "intervención cautelar de los medios empleados" para desarrollar la mendicidad directa o encubierta, así como "los frutos obtenidos" por la misma, de modo que con independencia de que acepten la conmutación de las sanciones por cursos, sus pertenencias (recaudación y objetos artísticos, por ejemplo), serán requisados.
Sin embargo, éste y otros planteamientos de la ordenanza no son compartidos por el grupo municipal de IU en el Ayuntamiento, que critica no tanto la intención de favorecer la inclusión social de estas personas, sino el modo en el que se llevará a cabo, así como la "carencia de medios reales y planificados por parte del Consistorio para hacer frente a esas derivaciones a los servicios sociales del municipio", según manifestó ayer a La Opinión el edil de IU, Francisco Puentedura, para quien el ´canjeo´ de multas por cursos "no es efectivo".
A juicio del concejal, "cada caso es un mundo y presenta unas características y necesidades específicas, en tanto que no se puede obligar a nadie a que acuda a algún centro de ayuda social si no lo desea". Además, "no existen recursos suficientes para afrontar esta derivación tal y como se plantea, lo que podría provocar que los servicios sociales se desbordaran".
Prostitución. Algo similar ocurre con las medidas contempladas para erradicar la prostitución en las calles de la ciudad. "Es imprescindible que se cree dentro del área de Bienestar Social una agencia u órgano específico encargado de gestionar no sólo el régimen sancionador, sino el trabajo social que se desarrollará a ´posteriori´ con las prostitutas", subrayó a este diario la edil socialista, Ana Muñoz.
Una opinión que secunda Puentedura, para quien otro de los defectos del borrador es el "lenguaje tan genérico y la falta de especificación" que emplea a la hora de tipificar las conductas susceptibles de incurrir o no en infracción. Por ejemplo, la ordenanza hace mención a "actividades que puedan obstaculizar el libre tránsito por vías libres", si bien no deja claro hasta qué punto el desarrollo de espectáculos callejeros puede verse afectado en este sentido. Dicha ambigüedad, según el edil de IU, "sólo favorecerá la aplicación arbitraria de la normativa, en perjuicio del derecho de muchos ciudadanos".