El jefe superior de Policía lamenta las consecuencias de ´un error ajeno´

Pedro Luis Mélida defiende la actuación "correcta" de los agentes granadinos que participaron en la detención del turista, porque tenía una reclamación en vigor

P. M. GRANADA La confirmación por parte de la Audiencia Nacional de que envió los datos de la requisitoria a nombre de Israel Tena Martí despejó cualquier duda sobre la actuación de los policías nacionales que participaron en la detención y puesta a disposición judicial del turista Juan Enrique Tena Martín.

Según se desprende del relato de acontecimientos, los funcionarios granadinos detectaron que en el hotel Carlos V se alojaba una persona que en la base de datos de la Dirección General de la Policía y la Guardia Civil aparecía con una orden judicial de búsqueda, captura e ingreso en prisión. Como es habitual, los agentes identificaron al joven, comprobaron que sus datos eran los que aparecían en el registro y se lo llevaron para la comisaría. En las diligencias consta que Juan Enrique aparece como reclamado judicial.

El jefe superior de Policía de Andalucía Oriental, Pedro Luis Mélida, ratificó ayer que "por parte de esta Jefatura Superior se ha actuado de la forma más correcta posible". El responsable policial mostró su preocupación por la situación vivida por Juan Enrique Tena Martí pero evitó profundizar en las causas que desencadenaron este error. Mélida se limitó a decir que lamenta que "por un error ajeno a nosotros se haya causado ese grave perjuicio a un ciudadano que vino a la ciudad a disfrutar de la Semana Santa".

Las informaciones publicadas por este periódico apuntaban desde el primer día al fallo en los servicios centrales de la Dirección General de la Policía y la Guardia Civil. El miércoles confirmó la Audiencia Nacional que el envío de los datos por parte del tribunal fue correcto, información que responsabilizaba del fallo a los agentes encargados de grabar en el sistema policial las órdenes de búsqueda, captura e ingreso en prisión y a la falta de medios en los juzgados para comprobar el registro de penados.