Interior y la Fiscalía investigan el fallo que envió al turista a prisión

Antonio Camacho anunció de improviso en el Senado que el Ministerio del Interior investigará el error del que fue víctima Juan Enrique y recalcó que si hay responsabilidades "se exigirán".

PABLO MARISCAL El Ministerio del Interior ha evitado pronunciarse durante tres días sobre el encarcelamiento de Juan Enrique T.M., el turista que llegó a Granada y fue detenido por un error en la base de datos de la Dirección General de la Policía y la Guardia Civil. El senador del PP Sebastián Pérez aprovechó la Comisión de Interior celebrada ayer en el Senado para preguntar por este hecho al secretario de Estado de Seguridad, Antonio Camacho.

El ´número dos´ de Interior se mostró contrariado por la interpelación por sorpresa de Pérez, ya que no constaba en el orden del día. Tras unos segundos de titubeo, Camacho afirmó que el Ministerio del Interior "va a analizar y a investigar" el incidente que dejó en prisión casi seis días a un inocente. "Si se han producido responsabilidades, se exigirán", concluyó.

El secretario de Estado evitó dar más detalles al respecto porque, según explicó en la Comisión, "el Gobierno no se va a pronunciar sobre una información periodística hasta que no la analice". El senador del PP ha solicitado además la comparecencia en la Cámara Alta del ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba.

La Audiencia Nacional ha confirmado oficialmente que envió el 4 de febrero la orden de búsqueda, captura e ingreso en prisión a nombre de Israel Tena Martí, prófugo en ese momento por una condena sobre blanqueo de capitales dictada por la Sala de lo Penal.

La ejecutoria se entregó a los funcionarios de la Dirección General de la Policía y la Guardia Civil que se encargan desde Madrid de incluir los datos de los reclamados judiciales en ´Perpol´, la base de datos de Personas de Interés Policial. En el listado se incluyó por error la filiación de Juan Enrique T.M. Esa orden dejó de estar en vigor el 23 de febrero porque el penado se presentó días antes en comisaría e ingresó en la prisión de Castellón. Ningún funcionario tramitó la anulación de la orden notificada por la Audiencia. Interior tendrá que aclarar esta dejadez y el por qué se confundieron los datos al iniciar el procedimiento.

Actuaciones en Granada. La Fiscalía Superior de Andalucía ha iniciado acciones legales para esclarecer el asunto. Jesús García Calderón firmó ayer un decreto de apertura de diligencias informativas que en este caso estarán centradas en la actuación de los policías nacionales, la juez Aurora Fernández y el fiscal que dio el visto bueno al ingreso en prisión de Juan Enrique. El portavoz de la Fiscalía Superior confirmó el inicio de las pesquisas y añadió que en el desarrollo de las mismas intervendrá directamente Jesús García Calderón.

La primera medida acordada ha sido la solicitud de remisión al Ministerio Público de todos los datos, diligencias y acuerdos judiciales adoptados en Granada desde el Jueves Santo (cuando se produjo la detención de madrugada) al lunes siguiente, día en el que fue liberado Juan Enrique por orden de la Sección Tercera de la Audiencia Nacional.

La Fiscalía de Granada descartó el miércoles el inicio de cualquier investigación al considerar que la actuación de la Policía y de la juez de Instrucción 3 "no fue irregular", informaron fuentes oficiales.

Desde el TSJA se defendió igualmente la actuación de la magistrada Aurora Fernández. El juzgado no pudo comunicar con la Audiencia Nacional hasta el lunes porque los funcionarios "están de fiesta", según las palabras que Juan Enrique recuerda de la funcionaria que lo atendió al pasar a disposición judicial.