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ÁLVARO CALLEJA La Fiscalía de Granada modificó ayer a la baja -de delito a falta-, la conducta del empresario de la construcción Emiliano Rodríguez quien, a principios de mayo de 2007, cargó contra la gestión de Luis Gerardo García-Royo al frente del área de Urbanismo del Ayuntamiento por entender que "acomodaba la legalidad a su antojo" para obstaculizarle intencionadamente sus proyectos.
La denuncia se produjo tras una nota de prensa de la que se hicieron eco varios medios de comunicación aunque sólo tres de ellos -La Opinión, Granada Hoy y Efe- figuran como acusados al considerar García Royo que son responsables civiles directos solidarios.
El Juzgado de lo Penal 1 de Granada dejó ayer visto para sentencia el juicio contra el empresario y ex presidente de la Asociación Granadina de Promotores y Constructores. En sus conclusiones finales, la Fiscalía solicitó una multa de 100 euros por una falta de injurias, así como una indemnización de unos 5.000 euros por el daño moral causado. La acusación particular, que representa al ex concejal del PP, mantuvo el delito de injurias solicitando una sanción de 21.900 euros y una indemnización, de la que hace también corresponsable a los medios de comunicación, de 48.000 euros.
El meollo del asunto parte del comunicado que envía el constructor donde decía sentirse "maltratado" por García-Royo al que acusaba de "comportamiento antidemocrático","aplicación discrecional de la norma", "abuso de poder" e incluso denunciaba la marginación a la que sometía a los funcionarios, entre otras aseveraciones.
Derecho a la crítica. En su declaración de ayer, el empresario explicó las razones que le llevaron a emitir dicha nota de prensa en el "ejercicio a su derecho a la libertad de expresión" y como "crítica" a su gestión de cuatro años. Emiliano Rodríguez estimó en mayo de 2007 que era el momento propicio para decir lo que pensaba del concejal, teniendo en cuenta que días antes García-Royo había atribuido a "presiones" de empresarios el hecho de que el PP no lo hubiera incluido en la lista para las municipales.
Por aquellas fechas eran varios los empresarios que se mostraron molestos por el trato del concejal, entre ellos el promotor José Julián Romero. Sin embargo, Emiliano se sintió "aludido" por aquella manifestación del máximo responsable de Urbanismo, quien matizó ayer sus palabras asegurando que nunca llegó a afirmar que fuera apartado de las listas por presiones de los empresarios.
El acusado relató que los expedientes de sus proyectos -entre ellos la rehabilitación de casas moriscas en el Albaicín- se encontraban entonces en el "dique seco" debido a las trabas impuestas por el área de Urbanismo pese a contar, en algunos casos, con informes favorables de los técnicos. Es por ello que atribuyó el retraso a la mano de García-Royo quien, según él, retiró del orden del día uno de sus expedientes que contaba con la aprobación inicial e informes favorables.
Recordó el pasado conflictivo del ex concejal con el que fuera su cuñado, Gabriel Díaz Berbel, en la época en la que éste fue alcalde de Granada e incluso los "enfrentamientos con el actual delegado de Cultura, Pedro Benzal, quien llegó a llamar a García-Royo "desquiciado" y "provocador", sin que fuera denunciado en los tribunales. Su labor obstaculizadora quedó en evidencia, según el constructor, cuando hubo relevo en la concejalía y entró en Urbanismo Isabel Nieto, quien en pocos meses agilizó sus expedientes, según dijo al juez.
Matizó que nunca habló en su nota de acoso laboral sino de "marginación", citando como ejemplo el caso de una ex funcionaria que compareció ayer como testigo a propuesta de la defensa. Tampoco denunció arbitrariedad sino "aplicación discrecional de la norma".
Campaña "calculada". Por su parte, García-Royo se sintió injuriado por expresiones "fuera de contexto" y se quejó de que los medios "no intentaran contrastar la veracidad de la noticia". Señaló que no tuvo intervención directa en la tramitación de los expedientes de Rodríguez ni orientó a los técnicos en contra de sus propios criterios a la hora de elaborar los informes, como así corroboraron varios testigos, entre ellos el ex gerente Manuel Lorente o el actual director de Urbanismo, Jacobo de la Rosa. A su juicio, las manifestaciones del constructor obedecieron a una campaña "fría y calculada". Recordó que un mes antes otro empresario de Granada -José Julián Romero, al que no llegó a citar- realizó "imputaciones semejantes".
Luego llegó el turno para los testigos, en su mayor parte funcionarios del Ayuntamiento, que negaron recibir órdenes concretas de García-Royo para bloquear los expedientes urbanísticos.
En sus conclusiones, el fiscal Luis Salcedo atenuó el castigo, dado que las declaraciones del constructor están en el "límite" del ejercicio legítimo al derecho a la crítica de un cargo público aunque observa un "exceso" en sus expresiones.
Por su parte, la acusación particular mantuvo su petición de condena por entender que hace "gravísimas imputaciones", todas ellas "falsas y sin fundamento", que se enmarcan en una "frenética campaña para desacreditarle" y menoscabar su imagen. De sus manifestaciones se deduce que García-Royo pudo prevaricar, según comentó su letrado, quien consideró los hechos constitutivos de un delito de injurias.
Por su parte, la defensa de Emiliano Rodríguez solicitó, al igual que los letrados de los medios informativos, la libre absolución.
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