A.C.
El caso de Santiago Cortés Cortés, el vecino de Casería de Montijo en huelga de hambre ante la posibilidad de que el banco subaste su vivienda por el impago de la hipoteca, no es una excepción. El pasado año se registraron en los juzgados de la provincia de Granada un total de 1.056 ejecuciones hipotecarias, casi el triple más que en 2007 cuando se plantearon tan solo 381, según los datos facilitados por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
Las demandas de ejecución por impago de hipotecas, que pueden afectar tanto a particulares como a empresas en quiebra, permiten que la entidad financiera u otro acreedor subaste el bien (normalmente una vivienda o un edificio) para recuperar los importes prestados más los intereses.
Sin duda, la crisis económica ha disparado los embargos, pues muchos ciudadanos han perdido su empleo y en la actualidad no pueden hacer frente a las hipotecas como es el caso de Santiago Cortés. Sólo en el último trimestre del pasado año tuvieron lugar más ejecuciones hipotecarias (391) que en el cómputo global de 2007, lo que refleja la crudeza de los efectos de la recesión económica que precisamente se visualizan a mediados de 2008. Los datos son reveladores: en el primer trimestre de 2008 se produjeron 195 casos frente a los 71 del año anterior; en el segundo trimestre llegaron a 217 frente a los 74 de 2007; en el tercer trimestre la cifra ascendió a 253 por los 91 del año precedente; y en el cuarto fueron 391 frente a 145.
Andalucía es la comunidad donde se registraron más ejecuciones hipotecarias en 2008. Málaga está a la cabeza con 2.983, seguida de Sevilla, con 2.266; Almería, 1.742; Cádiz, 1.486; Granada, 1056, Córdoba, 735; Huelva, 672; y Jaén, 518. El CGPJ espera para este año un crecimiento algo más moderado, al menos el tiempo que dure la crisis económica, cuyo final sigue siendo incierto a tenor de las distintas previsiones que manejan los expertos.
Por su parte, la Junta prepara un decreto por el cual se gratificará económicamente a las entidades que acepten renegociar las hipotecas de aquellos ciudadanos que se encuentren en apuros económicos.