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HEMEROTECA » |
A.C. La Fiscalía Superior de Andalucía no observa pasividad en la conducta de la fiscal del ´caso Marchelo´ y, por consiguiente, ha procedido a archivar las diligencias informativas internas que se le abrieron tras la queja planteada por el Ayuntamiento de Alhendín, personado como acusación particular en la causa por supuesta corrupción urbanística que investiga el Juzgado de Instrucción 2 de Santa Fe.
La Fiscalía Superior de Andalucía confirmó ayer que las diligencias practicadas en el último mes han permitido acreditar que la fiscal, en ningún caso, ha hecho dejación de funciones, tal y como venía a insinuar el Ayuntamiento de Alhendín que censuraba la "falta de asistencia del representante del Ministerio Fiscal a todas y cada una de las diligencias de prueba que se han realizado en el juzgado durante al menos el último año y medio".
Es más, el Consistorio entendía que la "enorme repercusión social" de la ´operación Marchelo´, sin duda uno de los casos de supuesta corrupción urbanística más importantes de la provincia donde hay 14 imputados -entre ellos las principales autoridades del anterior gobierno municipal del PP e importantes empresarios-, "no se ve correspondida por una actuación consolidada y firme por parte del ministerio público". El decreto de archivo ya ha sido notificado a la propia fiscal después de comprobar que algunas de sus ausencias obedecían a que no fue citada por el juzgado; mientras que en otros casos las diligencias que se iban a practicar esos días eran tan solo ratificaciones de informes donde no es imprescindible su presencia. De igual manera, en ocasiones las diligencias de pruebas del ´caso Marchelo´ coincidían con otros servicios que debía prestar.
No obstante, este diario ha podido conocer que se le ha recomendado a la representante del ministerio público a que, a partir de ahora, asista a cualquier diligencia importante sobre el ´caso Marchelo´.
El Ayuntamiento de Alhendín, ahora gobernado por los socialistas con mayoría absoluta, reprochaba a la fiscal su "incomparecencia" en los procesos de ratificación judicial de las pruebas periciales y, especialmente, "en las periciales de parte practicadas durante 2008, realizadas en presencia de todas las partes personadas a excepción del representante del ministerio público, que no ha acudido a ninguna de ellas". Como consecuencia de ello, no ha podido interrogar a peritos y testigos que han comparecido durante este tiempo.
El papel del fiscal resulta fundamental pues defiende el interés público y los derechos de los ciudadanos. En la presente trama, los imputados están bajo sospecha por haber cometido supuestamente delitos de especial gravedad como son cohecho, prevaricación y fraude, entre otros. De ahí que el gobierno municipal censurara el comportamiento de la fiscal.
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