EUROPA PRESS
Herrera, que se enfrenta a una petición fiscal de 46 años y 10 meses de prisión y el pago de una indemnización de más de diez millones de euros para los perjudicados, está procesado por los delitos de estafa, apropiación indebida, societario, insolvencia punible, falsedad documental, alzamiento de bienes, y cuatro delitos contra la Hacienda Pública, y a su esposa un delito societario, alzamiento de bienes y tres contra la Hacienda Pública.
El Ministerio Público solicita además que el jamonero pague una multa de otros 2,2 millones de euros, y devuelva a Hacienda la cantidad de 728.419 euros, que deberá afrontar junto a su mujer, que se enfrenta a una petición de siete años de cárcel y multa de más de 730.000 euros.
En su escrito de calificación, al que tuvo acceso Europa Press, el fiscal señala que Antonio Herrera, también conocido como 'Fernando', junto con su esposa, Concepción G.N., constituyeron el 21 de diciembre de 1993 la sociedad mercantil 'Jamones Fernando S.L.', cuyo objeto era el secado y curación de jamones, con sede social en Trevélez (Granada), donde ambos residían.
Debido a su anterior medio de vida como director de una sucursal de una entidad de crédito en el municipio, Herrera tenía conocimiento de los ahorros de sus clientes y otros convecinos, funcionamiento y aspectos mercantiles de las distintas modalidades de crédito, medios de financiación de empresas dedicadas al sector del jamón, así como de las obligaciones civiles y fiscales derivadas de las citadas actividades, además de contar con una buena imagen y consideración por tal condición en la zona de la Alpujarra.
De esta forma y en torno al año 1997, "presidido por un manifiesto ánimo de lucro y en perjuicio de terceros", decide dirigir su actividad empresarial al ámbito de la obtención de capital y recursos ajenos para la financiación de su consumo y bienes propios, "enmascarando dicha ilícita actividad bajo una apariencia de actividad comercial dedicada a sectores productivos distintos al del jamón serrano" con su mujer.