P.M.
El propio juez que instruye el ‘casoMarchelo’ eximió a Manuel Fernández de la obligación de comparecer en el juzgado a firmar, como medida de control impuesta al imputado, los días 1 y 15 de cada mes. Entre los argumentos que usó el magistrado Miguel Ángel Gómez Torres para justificar su confianza en el detenido figura que desde marzo de 2007 hasta febrero de 2008 Fernández acudió en cuatro ocasiones al juzgado de Santa Fe en calidad de abogado.
Por entonces ya compaginaba su cargo de funcionario del Ayuntamiento de Granada con el de letrado. Desde el Área de Personal del Consistorio granadino se remiten a los artículos 53 del Estatuto básico del empleado público y al 12.C de la Ley de incompatibilidades de la función pública para aclarar que la actuación de Fernández es incompatible con su condición de funcionario.