El gerente del PP se domicilia en una casa en ruinas para votar en el Albaicín

La vivienda en la que figuran como vecinos Francisco Almohalla y sus dos hermanos no ha estado habitada durante años a excepción de la presencia de un grupo de ´okupas´ que accedió al interior

ÁLVARO CALLEJA Hace unos meses tapiaron la puerta de entrada y elevaron la altura de un muro lateral de la vivienda del Zenete número 41, en la que se domicilió el gerente del PP de Granada, Francisco Almohalla Noguerol. La casa, abandonada y en ruinas desde hace años, se había convertido en refugio de los ´okupas´ y ello había provocado algunas molestias para el vecindario colindante. Se decidió bloquear cualquier posible entrada al domicilio del Zenete pese a estar emplazado en un lugar con estupendas vistas a la ciudad y a la vega de Granada. Aún así, Francisco Almohalla Noguerol, el propietario de la vivienda, consideró oportuno presentar dicho domicilio como residencia para votar en las elecciones de la asociación de vecinos del Albaicín celebradas el pasado mes de enero.

En dicha vivienda incluyó, en esta ocasión, a sus dos hermanos, según consta en el último censo del barrio que salió con motivo del proceso electoral para sustituir a la última directiva, integrada entonces por algunos cargos del PP que están siendo investigados por la Fiscalía por presuntos delitos de falsedad de documento oficial y documento privado y contra los derechos fundamentales de las personas. Todo ello, relacionado con su gestión al frente de la asociación de vecinos del Albaicín.

Se da la circunstancia de que en el censo justo anterior a la actualización realizada con motivo de las elecciones, aparecía en dicho domicilio el gerente, uno de sus hermanos y otros dos militantes del PP. Dos huéspedes que desaparecen del último censo, según los datos a los que ha tenido acceso este diario. El denunciante, Miguel Ángel García Segura, primo hermano del presidente del PP, Sebastián Pérez, cuyo partido le acusó ayer de ser un "destacado colaborador socialista", calificó la estrategia del gerente para votar en el Albaicín de una "descarada burla al juego democrático", al insistir en consignar un domicilio donde no reside.

La Opinión intentó sin éxito contar con la versión del gerente del PP, cuyo partido remitió a la nota de prensa en respuesta a las críticas que ha recibido de los grupos de la oposición.

Los populares, que han anunciado que han presentado una querella criminal contra García Segura por supuesta denuncia falsa, intrusión en la intimidad y daños y perjuicios, sostienen que el reglamento de Participación Ciudadana permite a cualquier vecino votar en un barrio sin necesidad de residir en él aunque sí debe estar al corriente de las cuotas.

Los estatutos del colectivo también dejan la puerta abierta a todas aquellas personas que tengan interés en el desarrollo de los fines de la misma asociación.

Hasta ahí ya todo es cuestión de interpretación. Muchos vecinos del Albaicín, consultados por este diario no veían "higiénico" desde el punto de vista de la salud democrática que cargos públicos puedan votar en dos distritos a la vez como es el caso del ex concejal de Participación Ciudadana, Jaime Sánchez Illescas, o del propio presidente de la Fundación Albaicín, Miguel Valle Tendero, éste último residente en Cájar y también votante del Realejo.

También cuestionan que su afiliación a la asociación se produzca después de septiembre, en el momento en el que la anterior directiva encabezada por Cristina Almagro, secretaria del grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Granada, ya había anunciado la convocatoria de unas elecciones y cuando su gestión estaba siendo investigada por la Fiscalía por la designación presuntamente fraudulenta de su junta directiva, para lo cual pudieron falsificar documentos, según el vecino denunciante.

Tampoco se entiende que sí, en realidad, puede votar cualquiera que no sea del barrio pero que tenga interés en él, no hubiesen facilitado entonces sus domicilios reales. Lo que parece evidente es que los nuevos miembros deben tener el aval de la asamblea del barrio, en la que, según el denunciante, no se dio cuenta de dichas afiliaciones.