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P.M. La condición de funcionario del Ayuntamiento de Granada impide desarrollar otras actividades profesionales sin la preceptiva autorización del pleno de la corporación. Las compatibilidades de los trabajadores municipales se reducen prácticamente a la actividad docente, siempre y cuando haya un consentimiento previo del Consistorio.
El ex concejal de Urbanismo de Alhendín, Manuel Fernández, se incorporó al Ayuntamiento de Granada poco después de haber sido detenido e imputado por cinco presuntos delitos de corrupción urbanística durante su etapa de edil. Llegó al área de Cultura como técnico y en la actualidad tiene categoría de funcionario del grupo A. Según ha podido confirmar este periódico de fuentes oficiales de la Concejalía de Personal del Ayuntamiento granadino, Manuel Fernández "no ha pedido y, por tanto, no dispone de autorización para compatibilizar su trabajo como funcionario con otras tareas".
A pesar de ello, Fernández ha presentado un escrito en un registro público "en nombre y representación" de una sociedad -El Chacón 2005 S.L.- dedicada a la promoción y construcción de viviendas, entre otras actividades. También ha ejercido como abogado. Especialmente llamativa fue su intervención en un juicio en el que defendió los intereses de su cliente, que denunció por agresiones y amenazas al actual concejal de Urbanismo de Alhendín.
Estas actividades, documentadas por este periódico y avaladas por testimonios de personas relacionadas con ambos casos, son "incompatibles" con su trabajo como funcionario del Ayuntamiento de Granada, explicaron desde el área de Personal. "Si se acredita que este funcionario ha actuado en representación de una sociedad o ha desempeñado otro trabajo distinto al margen del Ayuntamiento de Granada se habría producido una vulneración de las normas que rigen la función pública", añadieron.
Sin ocultarse. Para acreditar que Manuel Fernández ejerce en otros ámbitos distintos al municipal habría bastado con asistir al juicio que se celebró la mañana del 30 de septiembre de 2008 en el Juzgado de Instrucción 2 de Santa Fe, el mismo que instruye el ´caso Marchelo´. En el banquillo de los acusados se sentaba el actual concejal de Urbanismo de Alhendín, Gonzalo Montufo, y su hijo, denunciados por agresión y amenazas por el que fuera chófer del ex alcalde de Motril.
El abogado que defendió en el estrado los intereses del denunciante era Manuel Fernández. Así lo han confirmado las personas que asistieron al juicio, sorprendidas al comprobar que el letrado que interrogaba a los implicados era el ex edil de Urbanismo.
Otra de sus intervenciones profesionales se remonta a agosto de 2008, un mes antes de que se pusiera la toga en el juzgado. El día 20 presentó en el registro del Ayuntamiento de Alhendín (entrada número 2.278) un escrito firmado por él, con su DNI y su nombre completo, en el que pedía "en nombre y representación de El Chacón 2005 S.L." tres documentos técnicos con la intención de "poder continuar con la tramitación y desarrollo urbanístico del Plan parcial S-8 del PGOU de Alhendín".
Manuel Fernández pidió la compatibilidad hace más de una década y se le concedió, pero al salir del Ayuntamiento de Granada para incorporarse al de Alhendín la perdió. Ahora, tras regresar de nuevo, carece de ese permiso especial. Ni siquiera lo ha solicitado, según consta en la Concejalía de Personal.
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