P.E.
El PSOE en el Ayuntamiento preguntará en el próximo pleno, el 27 de marzo, sobre un supuesto trato de favor del equipo de gobierno con la empresa concesionaria de los aparcamientos del Violón y el nuevo Los Cármenes, que acumula una deuda de más de dos millones de euros con las arcas municipales por negarse a construir las plazas sobre ambos parking.
Según denunciaron ayer los socialistas, el PP "prima" los intereses de una empresa "amiga", con la que el alcalde, José Torres Hurtado, se muestra "indulgente" pese a deber una cantidad de dinero que la promotora finalmente pagará con la edificación de la plaza de Los Cármenes, reveló el Ayuntamiento hace una semana.
La portavoz del PSOE, Carmen García Raya, tildó de "tomadura de pelo" que la constructora anunciara su "propósito de acometer la intervención" después de que el Consistorio haya aprobado definitivamente la adjudicación de las obras de la plaza del Violón a una empresa que la construirá con cargo al Fondo de Inversión Local del Gobierno. García Raya denunció que "el PP y la empresa han llegado a un acuerdo tras más de dos años" en que las cubiertas de los dos garajes deberían estar ya terminadas.
La edil relató, por otra parte, que en el Consejo de la Gerencia de Urbanismo del pasado martes preguntó a Torres Hurtado cuándo se iban a comenzar las obras de Los Cármenes y el regidor respondió que "el proyecto no está redactado aún y la plaza se utiliza para acopio de materiales del metro", algo que desmintió la portavoz.
Los socialistas criticaron que, después de quince meses tras la apertura del aparcamiento del Violón, en la junta de gobierno del viernes se aprobó el acta de recepción de las obras y la empresa estaría además obligada a pagar un canon anual de explotación "desde el pasado mes de febrero, después de llevar abierto el estacionamiento más de un año" y sin permiso.
La edil afirmó que "Torres Hurtado ha primado los intereses privados frente al del resto de granadinos. Prueba de ello es que "la adjudicataria del parking mantiene desde el principio unas tarifas superiores a las aprobadas por contrato", que rondarían los 70 euros por bono mensual en lugar de los 40 estipulados.
Respuesta de Nieto. La edil de Urbanismo, Isabel Nieto, respondió ayer que "lo que existió fue un desacuerdo" entre Ayuntamiento y promotora sobre la interpretación del contrato, porque "la empresa quería compensar el perjuicio por un retraso en las obras con una cantidad que tenían que dar al Consistorio". La concejal negó "plazos para entregar el dinero, sino una opción para realizar unas obras".