El Ayuntamiento de Granada puede pagar con suelo el coste de un proyecto medioambiental

El acuerdo consistía en el desarrollo de proyectos de limpieza, acondicionamiento y embovedado de varias zonas fluviales de la ciudad.

EUROPA PRESS El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha dado la razón al Ayuntamiento de Granada desestimando un recurso de lesividad que presentó la Abogacía del Estado contra la addenda de un convenio con la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) por el que se acordaba que el 25 por ciento de la aportación municipal en el proyecto fuera en suelo y no económica.

El acuerdo consistía en el desarrollo de los proyectos de limpieza, acondicionamiento y embovedado de los barrancos de La Colorá y La Zorra y tramo norte del río Beiro, limpieza y acondicionamiento del barranco del Sacromonte, recuperación de espacios naturales, restauración de impactos y lucha contra la erosió en diversas zonas de Granada y creación y mejora de senderos en camino de la Fuente de la Bicha, margen derecha del río Genil, cerro del Aceituno-Abadía del Sacromonte y Valparáiso-Jessús del Valle.

Fue en diciembre de 2003 cuando Consistorio y CHG se comprometieron a que el proyecto, que ascendía a 13,5 millones de euros, sería financiado en un 75 por ciento por la Confederación y en un 25 por ciento por las arcas municipales, un convenio que contó con la autrozación previa del Consejo de Ministros.

Sin embargo posteriormente se añadió una addenda por la que se pactaba que el Ayuntamiento haría frente a ese 25 por ciento del coste de las obras mediante la entrega de terrenos de titularidad municipal necesarios para el desarrollo y la ejecución de las mismas, algo que, según consideró la Abogacía del Estado, suponía una "lesividad" para la Administración General.

En la sentencia, con fecha 9 de marzo de 2009, del alto tribunal andaluz, dada hoy a conocer por el Ayuntamiento, la Sala de lo Contencioso Administrativo cree por contra que "difícilmente" puede declararse la lesividad de la addenda atendiendo a la naturaleza propia de los convenios administrativos, ya que éstos no pueden ser calificados de "actos favorables a los interesados".

Tampoco acepta el argumento de la Abogacía del Estado de que la addenda supuso una modificación del convenio puesto que no se cambiaron los porcentajes a los que quedaban obligadas las partes, "sino que se establece un mecanismo para dar satisfacción a ese pago", según consta en el fallo, consultado por Europa Press.

El portavoz del equipo de gobierno y entonces concejal de Medio Ambiente, Juan Antonio Mérida (PP), se refirió hoy al proyecto en rueda de prensa como "el más ambicioso" en desarrollo medioambiental en Granada y pidió a la Junta de Andalucía, ahora titular de la CHG, que acelere la puesta en marcha del convenio, aún teniendo en cuenta la situación económica actual.

Mérida se preguntó "qué le han hecho los granadinos al PSOE" puesto que otros proyectos análogos en Sevilla y en Guadix fueron financiados al cien por cien por la CHG, que en el caso de Granada, aporta, en este caso, el 75 por ciento.

Por su parte, el concejal de Personal, Servicios Generales y Organización, Juan Antonio Fuentes, consideró que "es triste que Granada tenga que defenderse del Estado" y pidió, no ya sólo la agilización de la puesta en marcha del proyecto, sino que simplemente "se cumpla el convenio firmado".