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ÁLVARO CALLEJA. El ex gerente de Urbanismo del Ayuntamiento de Granada, Manuel Lorente, y el constructor José Julián Romero negaron ayer en el Juzgado de Instrucción 4 los términos de la denuncia formulada por el presidente del Granada 74, Carlos Marsá, sobre el supuesto trato de favor que concedía el funcionario al empresario en operaciones urbanísticas.
Tanto Lorente como Romero declararon ayer como imputados por espacio de una hora aproximada después de que el fiscal presentara en marzo una denuncia en la que apreciaba "indicios" de un posible delito de cohecho y prevaricación. Ninguno de los dos quiso realizar declaraciones al término de su comparecencia ante el juez si bien ambos, según afirmaron fuentes judiciales, negaron con rotundidad que hubiera existido una relación de privilegio que rayase la ilegalidad.
La investigación parte de la denuncia pública de Marsá, quien en su día acusó al promotor granadino de invitar a Lorente a un viaje a Japón para supuestamente obtener un "trato de favor" en la tramitación de promociones inmobiliarias, además de eludir sanciones y obligaciones pecuniarias.
Lo anecdótico del asunto es que Marsá, que no está personado en la causa, llegó incluso a contratar un detective para que siguiera los pormenores del viaje de Lorente y su esposa a Japón durante el Mundial de Baloncesto, en compañía del constructor granadino, al que el presidente del Granada 74 acusó de costear el viaje.
José Julián Romero, que en más de una ocasión ha comentado que su amistad con el ex gerente está al margen de sus negocios, ya dijo en su día que el viaje lo organizó él por su estrecha relación con la Federación Española de Baloncesto, al ser presidente del CB Granada, pero luego Lorente le pagó su parte correspondiente.
Ambos tuvieron ayer que dar explicaciones sobre algunas de las operaciones urbanísticas que Marsá puso bajo sospecha, como las obras del edificio de Los Cármenes, cuya altura de las casas era inferior a la que establecía el proyecto. La licencia de primera ocupación estuvo paralizada y, según el fiscal, fue Lorente el que la desbloqueó con sus informes favorables aunque se sancionó a la constructora con una multa de 600.000 euros.
Las comparecencias de Lorente y Romero no serán las últimas. Está previsto que lo haga también, en calidad de imputado, el jefe de Gestión y Patrimonio, Emilio Martín. Igualmente están citados como testigos el ex concejal de Urbanismo, Luis Gerardo García Royo, así como los detectives que realizaron el seguimiento del viaje a Japón.
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