Uno de cada cuatro españoles, a favor de retrasar la jubilación

EP El 75,3% de los españoles está a favor de reformar el sistema de pensiones, pero sólo un 26,8% respalda la propuesta del Gobierno de hacerlo con la ampliación de la edad legal de jubilación hasta los 67 años para sostener la Seguridad Social, según un estudio presentado por Mapfre en unas jornadas sobre las pensiones.

Mientras, el 39,8% sí que cree que se debe elevar el cómputo para calcular las pensiones de los actuales 15 años a 25 años, propuesta que el Ejecutivo retiró del documento de ajuste presupuestario remitido a Bruselas en febrero.

El informe, realizado a 2.650 personas no jubiladas, arroja también que la mayoría (51%) de los españoles duda de que el sistema de pensiones público esté garantizado en el futuro, con lo que el 80% aboga por impulsar reformas complementarias.

En este sentido, el 33,4% teme que las pensiones se recorten en un futuro inmediato, y de éstos, el 37,9% de los jóvenes lo da por sentado, pese a que son los que menos dinero invierten en su jubilación.

Así, el 80,5% de los encuestados achaca la inviabilidad de la Seguridad Social a la crisis, por lo que lo sitúa como la segunda preocupación, por delante incluso de la seguridad ciudadana.

Con todo, el presidente de Mapfre Vida, Ignacio Baeza, quien se encargó de presentar el estudio, puso en valor la necesidad de potenciar la previsión social en las pymes y reclamó un tratamiento fiscal "más flexible" con el cobro de las pensiones de planes privados.

"Los planes públicos de pensiones debería ir paulatinamente de la mano de los privados, con una tendencia de incrementar los privados y reducir los públicos", aseguró Baeza suscribiendo dichas palabras del secretario de Estado la Seguridad Social, Octavio Granado. "Si no es así, sería difícil mantener el sistema", sentenció.

Sistema mixto de pensiones

Durante las jornadas, el presidente del Círculo de Empresarios, Claudio Boada, y el ex secretario general de CC.OO., José María Fidalgo, defendieron un sistema mixto de pensiones, esto es combinar un sistema público de reparto con otro de capitalización.

Al respecto, Boada descartó subir los impuestos como alternativa a una reforma del sistema de pensiones, y restó trascendencia a una modificación de los parámetros del sistema, como el cómputo o la edad legal de retiro, ya que "sólo atenuarían el problema y no lo atajarían de raíz".

El presidente del Círculo de Empresarios incidió en combinar un sistema público de reparto, que garantizaría una pensión mínima, con otro de capitalización obligatoria a partir de un 'suelo' salarial como complemento, al tiempo que apostó por mejorar la fiscalidad "con carácter individual" de los planes privados.

Por su parte, Fidalgo recordó que la modificación del periodo de cálculo o de la edad legal de jubilación no generaron problemas sociales ni en Suecia ni en Reino Unido, por lo que instó a "desatascar" el documento propuesto por el Gobierno al Pacto de Toledo.

Por ello, el ex líder de CC.OO. abogó por una "coalición reformista" impulsada desde los grupos parlamentarios. "La modificación de las expectativas no supone un recorte de derechos", apuntó, en alusión a reformas en esta línea.

'Números rojos' en tres años

Fidalgo consideró "útil" la introducción de elemento de capitalización, porque los planes privados de pensiones "no son antagónicos". "O se reforma el sistema o no hay salida", advirtió.

En esta línea, vaticinó que las caja de la Seguridad Social, incluyendo el devengo pero sin tener en cuenta el Fondo de Reserva, entrará en 'números rojos' en tres años.

Así pues, tanto Boada como Fidalgo coincidieron en que las reformas paramétricas resultarían "insuficientes" y sólo "aplazarían" el problema de sostenibilidad.

Reforma laboral, un año tarde

En cuanto a la propuesta de reforma laboral, que vincularon a la de las pensiones, ambos lamentaron que "se haya perdido un año" en iniciar su discusión, si bien Boada respaldó que los agentes sociales se levantaran de la mesa de negociación el pasado julio. "Al margen del cuándo, es más importante no firmar un acuerdo superficial con 'líneas rojas'", apuntó.

Por último, compartieron que el pacto global que persigue el Gobierno finalmente no se materialice, por lo que previeron una reforma laboral vía decreto ley. "El Gobierno será quien al final tenga que hacer la reforma laboral", concluyeron.