FELIPE ARMENDÁRIZ/J.F.M. PALMA.
El Govern ya sospechaba de la existencia de serias irregularidades en algunos expedientes de contratación adjudicados esta legislatura por el Inestur (el Instituto de Estudios Turísticos de Balears), una de las entidades investigadas por la fiscalía anticorrupción en la operación Voltor, y, en consecuencia, había encargado la redacción de una auditoría que todavía no está culminada. Hoy al mediodía concluye el plazo para que cinco de los imputados en el sumario, todos altos cargos y dirigentes de Unió Mallorquina (UM) depositen en el juzgado de instrucción 10 las fianzas de entre 75.000 y 100.000 euros para poder seguir en libertad provisional.
El Govern anunció el pasado domingo su intención de personarse en el sumario de Voltor como acusación particular, un derecho que ya ejerce en los caso Palma Arena (la construcción del veodrómo público del mismo nombre) y Scala (referente al presunto expolio en la pasada legislatura en el Consorci Per el Desenvolupament Econòmic de les Illes Balears -CDEIB).
En las declaraciones efectuadas la semana pasada en la Jefatura Superior de Policía y el juzgado de guardia por algunos de los imputados en Voltor salieron a relucir las sospechas que el último conseller de Turismo de UM, Miquel Ferrer, nombrado en diciembre, tenía sobre algunas contrataciones en el Inestur.
Joan Sastre, director general de Promoción Turística hasta el pasado viernes y arrestado el jueves anterior, declaró que Ferrer le había pedido que revisase algunos expedientes. La fiscalía anticorrupción piensa, por contra, que Sastre pudo haberse interesado por estos contratos para "revestirlos" y tratar de camuflar las presuntas irregularidades, extremo que el imputado rechaza.
Al margen de las dudas de Ferrer, otros departamentos del Govern habrían detectado importantes anomalías en varios expedientes del Ibatur, algunos de ellos distintos a los que investigaba desde hacía unos meses bajo secreto el juzgado de instrucción 10.
Al parecer, las irregularidades se habrían descubierto dentro de un programa de chequeo aleatorio de expedientes. El Govern, en vista de las sospechas, decidió encargar una auditoría sobre el Inestur, investigación que estaba en marcha cuando el día 3 estalló la operación Voltor. El ejecutivo planea aportar esa auditoría en el sumario.
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