Detectan un descenso de delitos tras el cierre de Riviera y Saratoga

EFE Por orden de la juez que investiga una red de corrupción policial vinculada a clubes de alterne

Así lo mantiene la Fiscalía en un informe presentado ante la titular del juzgado de instrucción número 33 de Barcelona para pedirle que prorrogara por otro medio año el precinto de ambos macroburdeles, que permanecen clausurados desde que el pasado mes de marzo se abrió la investigación judicial.

El informe, con el que el ministerio público consiguió que la juez prorrogara el cierre de los burdeles, señala que en las proximidades de los prostíbulos se desarrollan actividades delictivas y que alrededor de las meretrices se mueven organizaciones criminales de Países del Este.

Prueba de ello, añade el ministerio público, es que a raíz del cierre de los dos macroburdeles, los mayores de la zona de Barcelona, se ha producido un "notable descenso" de los delitos en el área de Castelldefels y Gavà que ha sido constatado por la propia Fiscalía de Gavà.

Asimismo, el escrito de la Fiscalía advierte de que en los últimos años se han producido importantes cambios en el modo en que las prostitutas son captadas por las redes de proxenetas y delincuencia organizada.

Años atrás, lo más habitual es que las mujeres fueran víctimas de engaños, y que las bandas las captaran en sus países de origen con la promesa de un trabajo como camareras o asistentas de hogar en España, donde finalmente eran recluidas en clubes y obligadas a prostituirse en contra de su voluntad.

En la actualidad, sin embargo, muchas de las mujeres son captadas por las bandas de proxenetas sabiendo de antemano que trabajarán como prostitutas e incluso, en algunas ocasiones, ellas mismas se ofrecen a las organizaciones.

De esa manera, mantiene la Fiscalía en su informe, la explotación de la prostitución "va teniendo pues un cariz más laboral que sexual, dado que los proxenetas reciben altísimos porcentajes del dinero que ganan las mujeres con su trabajo, sin riesgos, y sin necesidad de llegar en todos los casos al empleo de medios coercitivos inequívocos".

De hecho, añade el escrito, tras el cierre del Riviera y el Saratoga muchas de sus prostitutas han sido "cedidas de forma temporal" a otros burdeles a la espera de la reapertura de los macro-burdeles, del que también están pendientes "los proxenetas y los propios propietarios y responsables de locales".

De las conversaciones telefónicas intervenidas se desprende también que muchas de las trabajadoras sexuales de Riviera y Saratoga están alojadas en locales o apartamentos situados en las proximidades del club a la espera de su reapertura.

El informe de la Fiscalía denuncia el "control" que ejercían sobre las prostitutas los propietarios de los burdeles, que presuntamente daban apariencia de legalidad de sus locales presentándolos como meros establecimientos hoteleros donde prostitutas y clientes alquilaban habitaciones para sus contactos.

No obstante, según el ministerio público, las mujeres eran "tratadas como verdaderos animales de carga" y se atentaba "contra los más elementales principios de la dignidad humana al suministrarles incluso en algunas ocasiones hormonas y vitaminas para que trabajarán más o mejor".

El control que supuestamente ejercían los responsables de los burdeles sobre las prostitutas incluía represalias, que podían comportar la expulsión del local, en el caso de que faltaran al trabajo.

Los "explotadores", como los llama la Fiscalía en su informe, supervisaban los servicios de las trabajadoras sexuales y se han encontrado correos electrónicos en que pedían disculpas por la "mala actuación" de las prostitutas durante un servicio.