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EFE El acuerdo es fruto, según la portavoz del CGPJ, Gabriela Bravo, de un trabajo intenso en el que han colaborado el Poder Legislativo, el Ejecutivo y las asociaciones de jueces.
"Nos parece muy positivo este acuerdo social por la Justicia", ha dicho en rueda de prensa la portavoz del CGPJ al finalizar la sesión plenaria del órgano de gobierno de los jueces.
Los grupos parlamentarios han conseguido desatascar el proyecto de ley para la implantación de la Oficina Judicial con un acuerdo básico que satisface algunas de las principales reivindicaciones de los jueces e incluye una reforma para limitar la jurisdicción universal.
Bravo, quien ha recordado que el plazo de presentación de enmiendas al proyecto en la Cámara baja se cierra hoy, ha destacado la importancia de que todos los poderes del Estado estén trabajando con los distintos ámbitos de la sociedad civil y las asociaciones judiciales "para conseguir esta verdadera modernización de la Justicia".
"El Consejo celebra, si así se acepta y se aprueba, la modificación del sistema de ascenso forzoso de los jueces, la equiparación del régimen de vacaciones anuales y la posibilidad de la creación de los jueces de adscripción territorial", ha afirmado.
A su juicio, estos jueces van a conseguir que "tengamos jueces titulares que puedan resolver los conflictos jurisdiccionales y que acabemos con la Justicia interina".
La reforma reducirá la actuación de los tribunales españoles en materia de jurisdicción universal, asunto sobre el que no se ha querido pronunciar la portavoz del CGPJ, ya, que según ha dicho, previsiblemente el Congreso les remitirá las enmiendas para que hagan una valoración sobre las modificaciones introducidas.
Por otra parte, el pleno del CGPJ ha aprobado la Memoria correspondiente al año 2008, en cuya introducción figura un documento aprobado hoy en la sesión plenaria en el que se establecen las líneas básicas de actuación de este órgano en los próximos años.
En este documento se indica que el Consejo considera prioritario avanzar en la mejora de la selección y formación de los miembros de la carrera judicial, elaborar un sistema de medición de cargas de trabajo de los órganos judiciales y dotar de la mayor transparencia y objetividad la provisión de destinos y los nombramientos.
"Son tiempos de hechos", ha dicho Bravo, para quien es muy positivo el diálogo entre el Ministerio de Justicia, las asociaciones y los demás operadores jurídicos "para conseguir un servicio público de calidad".
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