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EFE Así lo ha acordado Velasco en un auto dictado tras tomar ayer declaración a tres de los ocho procesados en esta causa -Juan María Torrealday, Ignacio Uría y José María Auzmendi- después de que la Sala de lo Penal reclamara al juzgado "formalizar adecuadamente la imputación y oír" a estos acusados para "evitar cualquier sospecha de indefensión".
En su comparecencia, además de solicitar al juez el archivo del sumario o, en su caso, que se inhibiera ante los juzgados de Tolosa, los tres negaron haber defraudado a Hacienda y como prueba de ello destacaron que ni el Gobierno vasco ni la Hacienda Foral de Guipúzcoa están personados en la causa.
Velasco sin embargo se ha opuesto a estas peticiones y sólo ha accedido a pedir a la diputación foral de Guipúzcoa una certificación de los datos aportados por estos procesados.
De este modo, el juez vuelve a remitir las actuaciones a la Sala para que decida si procede juzgar a estos procesados por falseamiento de la contabilidad de los registros fiscales desde 1998 a 2001 y de las condiciones para la concesión de subvenciones públicas y por defraudar el IVA en 2000 y 2001.
En noviembre de 2007, el entonces titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional Juan del Olmo, al que ahora ha sustituido Eloy Velasco, envió la causa a la Sala para su enjuiciamiento, pero al comprobar el tribunal, al resolver un recurso, que estos tres procesados no habían "sido oídos" ni tampoco "informados adecuadamente de la imputación", ordenó retrotraer las actuaciones hasta el momento de la toma de declaración indagatoria.
Tanto la Fiscalía como la asociación Dignidad y Justicia, que ejercen la acusación en esta causa, piden para los ocho procesados penas de entre 13 y 26 años de cárcel y multas de entre 21 y 33 millones de euros.
Este procedimiento sobre el entramado económico de Egunkaria se desglosó del sumario principal en el que se ha investigado la vinculación del diario a ETA y en cuyo marco están pendientes de ser juzgados siete de sus directivos por el delito de pertenencia a banda armada.
Sin embargo, estos siete procesados sólo han sido acusados por la asociación Dignidad y Justicia, que pide para ellos penas de entre 12 y 14 años de cárcel, ya que la Fiscalía de la Audiencia Nacional reclamó el archivo del sumario principal al no encontrar indicios suficientes que acreditasen la vinculación del periódico y ETA.
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