EFE
Los detenidos, entre los que también se están su marido y uno de sus hijos, el secretario y arquitecto municipales, un concejal del PAR y varios empresarios, han comenzado a declarar hoy ante la policía judicial en las dependencias de la Jefatura Superior de Policía de Aragón y en las comisarías de Delicias y San José, después de pasar su primera noche en los calabozos.
Tras declarar la alcaldesa durante una hora, su abogado, Javier Notivoli, ha informado a los medios de comunicación que el juez la acusa de cohecho, revelación de secretos, negociaciones prohibidas a los funcionarios públicos, tráfico de influencias, prevaricación, fraude en las subvenciones, malversación de caudales públicos, fraudes y exacciones (exigir impuestos, deudas, prestaciones...) ilegales y blanqueo de capitales.
El marido, Antonio Embarba, que también ha prestado declaración ante la policía, es acusado de los presuntos delitos de blanqueo de capitales, uso de información privilegiada y tráfico de influencias, este último imputado también a su hijo.
Al concejal del PAR Juan Carlos Rodrigo, el juez le acusa de cohecho, tráfico de influencias, malversación de fondos, blanqueo de capitales, negociaciones prohibidas, fraudes y exacciones ilegales, y tenencia ilícita de armas.
Los interrogatorios policiales a los detenidos se han prolongado durante toda la jornada y continuarán mañana antes de que pasen a disposición del titular del juzgado de instrucción de La Almunia de Doña Godina (Zaragoza), que comenzó la investigación judicial hace aproximadamente un año a raíz de una denuncia de un particular ante la Policía Nacional.
Su pase a disposición judicial se producirá probablemente mañana por la noche o el sábado, antes de que se agote el plazo legal de detención de 72 horas, y el juez podría decidir entonces levantar el secreto de sumario, ha avanzado Notivoli.
A los dieciocho detenidos ayer se le ha sumado uno más, un escolta del consejero de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón, Alfredo Boné, que ayer estaba en Estambul y que hoy se ha presentado ante la policía a declarar y ha quedado detenido.
Por otra parte, fuentes del Gobierno de Aragón han apuntado a Efe que un funcionario del Servicio Provincial de Urbanismo de Zaragoza del Ejecutivo autonómico ha recibido una citación para declarar mañana ante el juez sobre estos hechos.
La actuación policial en La Muela, un municipio de unos 5.000 habitantes situado a 23 kilómetros de Zaragoza, ha seguido provocando hoy reacciones de la clase política aragonesa, como el presidente Marcelino Iglesias (PSOE), que gobierna el coalición con el PAR y que, en una breve declaración, ha expresado su "respeto absoluto y escrupuloso" a las actuaciones judiciales.
El diputado del PSOE Jesús Membrado ha asegurado que situaciones como ésta, aunque "tarden en aflorar", demuestran que las instituciones democráticas "funcionan" y que "quien la hace, la paga".
La presidenta regional del PP, Luisa Fernanda Rudi, ha afirmado por su parte que "todos los políticos" deben actuar con criterios de "honradez, y de "austeridad y de servicio público", si bien ha remarcado que "la presunción de inocencia nos ampara a todos hasta tanto en cuanto se demuestre lo contrario".
Manuel Blasco, concejal del PAR en el Ayuntamiento de Zaragoza, ha manifestado que su partido está a la espera de la resolución judicial para analizar la situación "con la máxima dureza" en el caso de que "haya que tomar medidas", un asunto que tratará la ejecutiva del partido el próximo lunes.
El Justicia de Aragón, Fernando García Vicente, que ha tomado hoy posesión para un tercer mandato, ha hecho hincapié en la necesidad de combatir "con toda intensidad" el "cáncer social" de la corrupción urbanística, una práctica que hace que "se enriquezcan unos pocos" con los recursos de todos.
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