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J.C.C. / EUROPA PRESS El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Granada ha declarado nula la resolución por la que el alcalde de Granada, José Torres Hurtado (PP), denegó el uso del estadio de fútbol de los Cármenes al Granada 74, después de que su presidente, Carlos Marsá, comprara la plaza del Murcia SAD en segunda división A.
En esa resolución, de fecha 2 de julio de 2007, el alcalde contestaba a la autorización solicitada por Marsá que el número de horas de utilización del campo, que está dotado de una superficie de hierba natural, no permitía más usos de los que entonces se hacían por parte del equipo histórico de la ciudad, el Granada CF y el Granada Atlético.
La solicitud fue denegada, según la juez titular del Contencioso, "sin seguir trámite alguno" y sin dar audiencia al interesado y además "sin iniciar procedimiento alguno en el que se recaben informes técnicos sobre la posibilidad o compatibilidad del uso del campo con otros equipos", según consta en el fallo de fecha 5 de abril de 2010.
Así, la magistrada aprecia defectos formales "causantes de indefensión", como no haberse tramitado un expediente administrativo en el que tras recabar los informes necesarios y dar audiencia al recurrente se estime o desestime la pretensión formulada, por lo que procede a la anulación de la resolución del alcalde, "debiendo retrotaerse las actuaciones hasta el momento de solicitud de autorización o incoarse un procedimiento para la concesión o denegación del uso de un bien de dominio público".
Por su parte, el concejal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Granada, Francisco Puentedura Anllo, ha asegurado que la sentencia del contencioso administrativo número 1 del TSJA por la que anula el decreto que el alcalde de Granada firmó, en Julio de 2007, para impedir que el Granada 74 pudiese jugar en el Estadio Municipal de los Cármenes "demuestra que este decreto es una cacicada más del alcalde y que el equipo de gobierno del PP adoptó una decisión arbitraria e injusta que atenta contra los intereses de la ciudadanía".
En este sentido el edil de la formación de izquierdas critica "ahora" la decisión del equipo de gobierno "de no recurrir la sentencia" y recuerda que la misma abre las puertas para que Marsá, presidente de esta entidad deportiva, pueda pedir indemnizaciones millonarias a la ciudad como consecuencia "de un decreto del alcalde que esta sentencia declara como nulo de pleno derecho". Puentedura asegura que su grupo municipal "no será cómplice de un cacicada más del alcalde ni de adoptar decisiones que van en contra de los intereses del Ayuntamiento" motivo por el cual la organización de izquierdas se ha abstenido esta mañana en la comisión municipal que "exclusivamente con el voto del PP ha decidido no recurrir la citada sentencia".
Asimismo, Izquierda Unida recuerda como con este decreto el Partido Popular, "con el alcalde a la cabeza", perdió en el 2007 una oportunidad histórica "para promover un proyecto único de futbol profesional en Granada, donde la ciudad pudiese contar con un equipo en Segunda A y otro en Segunda B y donde todo euro público que el Ayuntamiento destina a los equipos profesionales tuviese control municipal y se destinase además a la promoción del futbol base en la ciudad de Granada que es lo que ha abandonado el Partido Popular en sus siete años de gestión en el Ayuntamiento", señala Francisco Puentedura en una nota.
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