GERARDO PÉREZ
Los agricultores de Granada, Almería y Murcia se unieron el pasado 8 de octubre en Almería en una gran manifestación como culminación de la llamada al paro agrario impulsado desde las centrales y organizaciones agrarias. Para los organizadores fue un "éxito rotundo" por la "unidad" en la acción reivindicativa, que no era otra que la de pedir una mayor claridad al Ministerio de Agricultura sobre las negociaciones de la Unión Europea con terceros países. Las revisiones con Marruecos causan el temor de un aumento en las importaciones de tomate, como principal producto, aunque también de judía y otros vegetales a corto y medio plazo.
Miguel Monferrer, secretario provincial de COAG, se suma a esos temores, aunque paralelamente es crítico con las empresas productoras de tomate en Marruecos, en su mayor parte españolas, algunas de ellas también de la Costa granadina. "Estamos en contra de esas empresas que incluso comercializan los productos con nombre español. El primer problema, por tanto, son las propias empresas que se instalan allí. Cada uno es dueño de hacerlo donde quiera, pero que lo hagan con las mismas condiciones de producción y comercialización que tenemos aquí, y no con productos ya desterrados desde hace años en España".
Monferrer comprende que pedir que no se amplíen los cupos y, por el contrario, permanecer como productores de esos terceros países no deja de ser una contradicción, "pero nadie se ha querido quedar fuera y debemos intentar que eso no pase. No porque no queramos que un país se desarrolle, sino porque España es miembro de la UE y en Marruecos la vida no se está mejorando, ni en el aspecto salarial, ni en el sanitario, ni en otros muchos".
El secretario de COAG pide más controles en frontera para evitar que estos vegetales se cultiven allí y se vendan como producto español, con lo que eso conlleva. Según sus cálculos, la producción de las empresas radicadas en Marruecos –en su mayoría españolas, aunque también de otros países–, podría rondar las 150.000 toneladas de tomate, esencialmente, aunque también se cultivan otros productos que, como el calabacín o la judía, requieren de una gran mano de obra. En la Costa, este cultivo ha caído entre el 70% y el 80%.
Para el responsable provincial de COAG, la solución es "compleja y difícil", aunque sí tiene claro que pasa por pedir las mismas condiciones para todas las empresas agroalimentarias y las mismas exigencias medioambientales y sanitarias. "Vemos que la Unión Europea pasa la mano con productos fitosanitarios que no se usan desde hace ya años", señala.
Esta situación tiene el aspecto positivo de concentrar la oferta ante una demanda totalmente organizada en dos o tres grandes plataformas que imponen los precios. Como organización agraria, COAG propugna la unidad de la oferta frente a la actual dispersión y atomización que debilita la posición de los productores. "Si lo logramos, los precios serían distintos", concluye Monferrer.