El municipio rescinde a Foam el contrato de los pisos tutelados

El gobierno local argumenta su decisión en irregularidades en la gestión. Una empresa municipal se hará cargo de las 47 viviendas para mayores

DOMINIQUE BERTHOLET El Ayuntamiento de Salobreña rescindió ayer el contrato que mantenía con la Federación de Asociaciones de Mayores de Andalucía (Foam) por la gestión de las viviendas tuteladas para mayores, ubicadas en la Avenida del Mediterráneo, junto a la biblioteca municipal de la villa.

Eprodesa, una empresa municipal, se hará cargo desde hoy de los pisos que, en un principio se construyeron con el objetivo de acoger a mayores que pudieran valerse por sí mismos, para vivir en comunidad con una serie de servicios que le hiciesen la vida más cómoda. La cesión se llevó a concurso y se adjudicó a la Foam después de que ésta presentara un plan de viabilidad que aseguraba que, "incluso en el peor de los casos, la gestión sería factible", afirmó ayer Manuel Pérez Cobos, presidente de Eprodesa y concejal de Urbanismo en el municipio.

Causas. Los motivos de la rescisión del acuerdo, según Pérez Cobos, han sido "más de cuarenta" incumplimientos del contrato inicial que la Foam ha cometido durante su periodo de administración, desde el 2004. "No sólo no ha cumplido con sus compromisos sino que ahora, además, pide al Ayuntamiento que se haga cargo de sus pérdidas por valor de 270.000 euros", explicó el presidente de Eprodesa.

En los cinco años que la Foam administró las viviendas tuteladas para mayores, "no ha hecho frente a los pagos de ICO que pesan sobre el edificio, que ahora corre el riego de ser embargado al Consistorio. Tampoco ha ingresado la suma económica correspondiente al alquiler de los apartamentos ni a la explotación de las zonas comunes", dijo ayer el edil en una rueda de prensa.

La empresa, por su parte, asegura haber realizado dichos pagos: "Tenemos recibos de todo y el último ICO, por ejemplo, lo pagamos en mayo", comenta Inmaculada Cuesta, directora de Servicios Asistenciales del Centro.

Otra de las irregularidades de las que se acusa a la federación de mayores, aunque el Consistorio declinó ayer hacer declaraciones al respecto, es el hecho de, supuestamente, haber alquilado las viviendas a residentes que no cumplían con los requisitos impuestos por la empresa municipal en el contrato inicial, lo que ha supuesto, según denunciaron en su día los hoteleros de la zona, "una competencia desleal" al sector.

Cuesta, sin embargo, alega que "en ningún momento se ha incumplido el contrato". La responsable del centro asegura que "las personas que se han alojado son mayores de sesenta años, tal y como rezaba el acuerdo, y ninguna de ellas supera el nivel de ingresos requerido". Indicó además que la estancia temporal está recogida en el contrato y que el hecho de que alguno de los mayores haya recibido visitas de sus familiares y estos se alojaran en sus apartamentos no representa ningún tipo de ilegalidad.

Pérez Cobos quiso lanzar ayer un mensaje de tranquilidad a los usuarios de las viviendas, a quienes aseguró que Eprodesa mantendrá todos las prestaciones que hasta ahora se ofrecía a los mayores. No obstante, reconoció que el servicio de restaurante "de forma provisional, permanecerá cerrado". El municipio debe encontrar una empresa que esté dispuesta a hacerse cargo de éste.

Los perjudicados. Precisamente el restaurante es una de las mayores preocupaciones de los residentes en las viviendas tuteladas. Hasta ahora, por un módico precio de 8 euros diarios, los abuelos tenían desayuno, comida y cena.

Su portavoz, Santiago García, mostró ayer a este periódico su incertidumbre respecto a lo que va a ocurrirles a partir de hoy. "Es cierto que el Ayuntamiento ha prometido un cáterig a domicilio a los mayores dependientes, aunque a un coste mayor que hasta ahora", indicó, pero mostró su preocupación porque, de momento, desconocen cuándo podrán tener otra vez el servicio de restaurante.