Reabren el caso por malversación del ex alcalde de Almuñécar

El tribunal cree que la investigación de la juez sobre el destino de los fondos de la escuela taller fue "incompleta"

EFE La Audiencia de Granada ha ordenado la reapertura del caso sobre un presunto delito de malversación de fondos por parte del Ayuntamiento de Almuñécar cuando gobernaba el PSOE, entre 1991 y 1995, referente a una escuela taller.

El PP denunció en 2006 una presunta malversación de fondos por parte del Ayuntamiento amparándose en la sentencia firme del Tribunal Supremo en la que se condena al consistorio al pago de 162.273 euros.

En noviembre de 2008 la juez sustituta del juzgado 2 de Almuñécar, Marta Cortés, decretó el sobreseimiento del caso al considerar que el delito había prescrito.

El auto de la Audiencia Provincial determina ahora que los querellados, entre los que se encuentra el entonces alcalde Juan Rodríguez Fernández, la teniente de alcalde Inmaculada Fajardo y diversos responsables de la escuela taller, podrían haber incurrido en el delito por el que fueron imputados "aprovechándose del trabajo de los alumnos", según informó ayer el Ayuntamiento.

La Audiencia considera que la valoración pericial realizada por la juez fue "incompleta y en ocasiones manifiestamente dispar" al considerar que el delito había prescrito por transcurrir diez años sin que hubiera existido "una investigación mínimamente completa que pueda deslindar las concretas imputaciones". Además, considera que las diligencias de investigación practicadas "apenas se han centrado en el verdadero objeto del proceso y prácticamente han quedado reconducidas".

Por tanto, determina que da la razón a la apelación, del Ayuntamiento, ya que considera que es necesario aclarar la forma de administración de los fondos públicos de la escuela taller y de las personas responsables de ellos.

La querella, que se interpuso hace tres años, se basa en la puesta en marcha de una escuela taller en el Castillo de San Miguel en Almuñécar cuyos alumnos realizaban supuestos trabajos de carpintería y albañilería en la sede local del PSOE y en las casas de afiliados, simpatizantes y cargos del partido.

Por ello, el Supremo condenó en abril de 2005 al entonces alcalde socialista, Juan Rodríguez, por un presunto delito de malversación de fondos públicos en la gestión de la escuela taller, lo que derivó en que el Consistorio sexitano asumiese la condena y el pago de 27 millones de las antiguas pesetas al Instituto Andaluz de Empleo.