Almuñécar deberá devolver el dinero de tres convenios nulos

Un Juzgado Contencioso Administrativo invalida tres operaciones por las que el gobierno de Benavides ingresó 228.778 euros que ahora deberá compensar

ÁLVARO CALLEJA El alcalde de Almuñécar, Juan Carlos Benavides (Convergencia Andaluza) ha recibido tres varapalos judiciales en apenas unos días por la política de convenios urbanísticos que llevó al equipo de gobierno anterior a vender los aprovechamientos urbanísticos de operaciones que no se ajustaban a la legalidad y que estaban supeditadas a la aprobación del PGOU.

En concreto, el Juzgado Contencioso Administrativo 1 de Granada ha estimado los recursos que presentó el Partido Popular de Almuñécar por las operaciones urbanísticas que el Ayuntamiento sexitano cerró con distintos promotores en los sectores de La Maravilla, el Molino y Laderas de Cotobro –de este último ya dio cuenta el PP el pasado fin de semana–, y por los que deberá ahora devolver el 5 por ciento del aprovechamiento urbanístico que recibió por adelantado. La suma total del dinero de los tres convenios, ahora anulados, que percibió el municipio, asciende a 228.778 euros.

Las sentencias, sobre las que cabe recurso de apelación, implican que el Ayuntamiento tiene que devolver o compensar, de algún modo, el dinero procedente del aprovechamiento urbanístico que recibió en su momento.

El problema radica en el hecho de que se aprobaron infinidad de convenios urbanísticos para obtener dinero a cuenta de un PGOU que no está aprobado. El dinero de los aprovechamientos urbanísticos de cesión obligatoria se destinaba, en principio, a financiar infraestructuras y equipamientos deportivos, culturales y medioambientales.

El Ayuntamiento de Almuñécar realizó 42 convenios urbanísticos de gestión por los que el gobierno municipal pudo obtener, según el PP, un total de 3,3 millones de euros en concepto de adelanto de ese cinco por ciento. Sólo el PP, sin contar con las iniciativas de particulares, ha trasladado a los tribunales un total de 15 convenios, de los que seis ya cuentan con sentencia favorable –más uno promovido por la comunidad de regantes–; no obstante, el Ayuntamiento ha recurrido todos los fallos ante la Sala Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

La estrategia del gobierno de Benavides era llevar al pleno los convenios sin contener mención alguna a las compensaciones en metálico, al tiempo que se garantizaba en ocasiones que el destino del 10 por ciento de la edificabilidad del sector se dedicaría a la construcción de vivienda protegida, sin perjuicio del uso turístico y con independencia del suelo que por cesión obligatoria hubiera de incorporarse al patrimonio municipal de suelo.

El PP sostiene que el gobierno de Benavides se comprometía, si se frustraba la operación, a la devolución a los empresarios, incluso con intereses, del dinero percibido por la venta de los aprovechamientos.
Deslegitimar al PP. En su defensa, el alcalde ha tratado de cuestionar la legitimidad del Partido Popular para recurrir los convenios. Es cierto que los dos primeros fallos que se dictaron consideraron que el PP, como partido político, no estaba legitimado para presentar recurso. Sin embargo, posteriormente tanto el Juzgado contencioso administrativo 1 como el 3 estimaron que el grupo municipal del PP estaba legalmente habilitado para la defensa de los derechos e intereses legítimos colectivos.

Las sentencias confirman el planteamiento jurídico de los recursos, que ha presentado en representación del PP el despacho de abogados Castillo-Calvín, quienes hasta la fecha han obtenido la anulación de seis convenios.

Si el TSJA mantiene los mismos criterios que los juzgados contenciosos, el Ayuntamiento de Almuñécar se vería obligado a desembolsar un dinero que ya ha invertido, en un momento de gran dificultad para las arcas municipales, lo que causaría un grave perjuicio económico.