Tribunales

La justicia anula otro convenio a Benavides

 08:35  

Un Juzgado invalida la operación por la que el Ayuntamiento vendió aprovechamientos urbanísticos sin estar aprobado el PGOU. El alcalde sexitano formaliza su recurso por la condena a dos años de cárcel.

LA OPINIÓN El Juzgado Contencioso Administrativo 1 de Granada ha anulado un nuevo convenio urbanístico por el que el Ayuntamiento de Almuñécar vendió el 10 por ciento de los aprovechamientos urbanísticos de ´Laderas de Cotobro´, por no estar aprobado aún el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).

La demanda fue interpuesta en esta ocasión por el PP, en contra del decreto del alcalde de Almuñécar, Juan Carlos Benavides (Convergencia Andaluza), por el que se aprobaba el convenio urbanístico de gestión sin haber sido ratificado en el pleno. Con dicha operación, el Ayuntamiento vendía el 10 por ciento de los aprovechamientos que le corresponderían en el futuro en virtud del Plan Parcial del mismo nombre, cobrando el 5 por ciento de ese importe por adelantado, pero condicionado a que el PGOU se aprobara con dichas determinaciones.

El juzgado viene a dar la razón al PP y anula el citado convenio, ya que no puede cobrarse por adelantado el dinero de un Plan General que todavía no está aprobado.

Ésta es otra de las múltiples sentencias que anula otra de las ventas realizadas por Benavides a cuenta del futuro planeamiento. El PP ha impugnado ante los tribunales 24 de estos convenios, mientras que los particulares lo han hecho en tres ocasiones. A día de hoy, se han invalidado los convenios del sector Río Seco y del Río Verde.

La presidenta del PP en Almuñécar, Trinidad Herrera, recordó ayer que, si el criterio judicial sigue siendo el mismo que hasta ahora, el Ayuntamiento va a tener un gravísimo problema económico pues tendrá que devolver las cantidades recaudadas.

Recurso. Por otra parte, el alcalde Juan Carlos Benavides formalizó ayer ante la Audiencia Provincial el recurso contra la sentencia que lo condena a dos años y cuatro meses de prisión por coacciones a la empresa de la televisión local.

Como ya anunciara tras hacerse público el fallo, el alcalde sexitano presentó un recurso de casación a la resolución dictada por el Juzgado de lo Penal de Motril, que adelantó La Opinión, basado en que su actuación fue "irreprochable" y cumplió todos los requisitos legales.

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