Antonio Toral, imputado por tráfico de influencias

EUROPA PRESS El Juzgado de Primera Instancia e Intrucción 2 de Loja ha imputado al ex alcalde de Íllora, el independiente Antonio Toral, por tres posibles delitos de tráfico de influencias y uno contra la ordenación del territorio por autorizar la construcción en la pedanía de Alomartes de una urbanización, que promovía la empresa en la que es administrador único, invadiendo el trazado de una vía pecuaria, la Cañada Real de Íllora a Villanueva de Mesía.

En el auto de transformación de las diligencias en procedimiento abreviado, la juez María Cristina Pedrajas considera además que el ex edil de Urbanismo en el Ayuntamiento, Antonio Gallego Esteban, podría también haber incurrido en cuatro delitos de prevaricación urbanística y ve a uno de los propietario de los terrenos afectados presunto autor de un delito contra la ordenación del territorio.

Para la juez, existen "indicios" de que Toral, administrador único de la promotora 'Promoción y Construcción Parapanda Resiencial S.L.', realizó obras consistentes en siete viviendas unifamiliares en la Unidad de Ejecución (UE)-1 de Alomartes, de la que era propietaria, entre otras personas, la esposa del ex alcalde, construcción que podría afectar a la vía pecuaria, que no se había deslindado previamente.

Fue el 10 de noviembre de 2005, según fundamenta la juez, cuando Gallego, que era entonces alcalde en funciones, aprobó definitivamente con su voto el plan especial UE-1 de Alomartes, "a pesar del aviso de una concejal de la posibilidad de afección de la vía pecuaria". Posteriormente, con fecha 17 de abril de 2006 y 11 de agosto del mismo año, Gallego concedió dos licencias de obras a la promotora de Toral para la construcción de las siete viviendas, seis unifamiliares y una más unifamiliar aislada, pese a que en agosto de 2005 el Ayuntamiento había solicitado el deslinde.

Además, el 5 de enero de 2006 se suscribió un convenio urbanístico para la sustitución en metálico del 10 por ciento de cesión obligatoria y gratuita del aprovechamiento medio, "y en lugar de sustituir los 1.170 metros cuadrados de techo edificable por su equivalente en metálico, se sustituyó por la superficie de cesión, 731,63 metros cuadrados", lo que produjo un "perjuicio económico" al Ayuntamiento de Íllora de más de 52.600 euros, "debiendo haber abonado 140.400 en lugar de 87.795 euros".

Emitido el correspondiente informe técnico, fue aprobado en sesión celebrada el 25 de mayo de 2006, con el voto de calidad del primer teniente de alcalde, Antonio Gallego, puesto que Toral tuvo que ausentarse por tener "interés personal y directo". Igualmente, existen para la juez indicios de que M.V.P., el tercer de los procesados, realizó obras de urbanización del sector UE-1.

La juez abre así un periodo de diez días para que las acusaciones particulares personadas y el Ministerio Fiscal presenten sus escritos de acusación solicitando la apertura de juicio oral o sobreseimiento de la causa.

En un comunicado, el actual alcalde del municipio, Francisco Domene (PSOE), ya ha informado de que el Ayuntamiento, personado en la causa, va a pedir la apertura de juicio oral con su correspondiente escrito de acusación.