Granada se suma a la protesta almeriense por el pepino

EUROPA PRESS Los agricultores granadinos se han sumado a las reivindaciones del campo almeriense y han decidido no vender pepino por debajo de un precio mínimo de 30 céntimos el kilo. Así lo ha informado la organización COAG-Granada, que considera que las dos provincias comparten "la misma situación insostenible" concentrando la producción de la hortaliza a nivel europeo.

Durante esta semana, informó COAG en una nota, los granadinos están percibiendo unos 0,35 euros por kilo de pepino, una cotización "que sigue siendo insuficiente ya que no llega a cubrir el coste de producción (0,40 euros/kg)". En la provincia, el incremento de las cotizaciones del pepino se debe a la destrucción de toda la producción llevada a cabo la pasada semana por parte de los agricultores, que llegaron a percibir hasta 0,06 euros/kilo.

En este momento, están vendiendo su producto pero COAG Granada advierte de que "si el precio del pepino vuelve a bajar de los 0,30 euros/kg, no venderemos ni un sólo kilo". El secretario provincial de COAG, Miguel Monferrer insistió en que "la situación del campo en ambas provincias es insostenible y vender por debajo de ese precio mínimo es absolutamente ruinoso para el agricultor".

A juicio de Monferrer "la unión de todos de los productores es fundamental para conseguir que finalmente la comercialización y las administraciones asuman la responsabilidad que les corresponde, adquieran compromisos y pongan en marcha medidas eficaces".

Con esta finalidad, COAG-Granada seguirá manteniendo reuniones con la comercialización, un sector al que esta organización agraria solicita más implicación para mejorar la rentabilidad de los productos agrarios.

Por último, el secretario provincial de COAG mantuvo que el problema que afecta a las producciones hortícolas y ganaderas, y en particular, al sector del pepino, radica en los precios en origen "ruinosos" y "no tiene que ver con la calidad". Entre otras medidas, COAG solicita la ampliación de la normativa que regula la retirada de la producción por parte de la Organización Interprofesional de Frutas y Hortalizas, Hortyfruta.