Piden prisión para la anterior corporación de Cádiar

ÁLVARO CALLEJA Los integrantes de la corporación municipal de Cádiar del mandato anterior se sentaron ayer en el banquillo de los acusados por un presunto delito de prevaricación por conceder una licencia de obras para una nave de aperos cuando existía un informe técnico que alertaba en el momento de la votación que estaba ya casi acabada la obra y que en lugar de una nave se había construido una vivienda rural con estanque.

Los concejales del entonces equipo de gobierno que presidía el popular Francisco Joaquín López Ruiz y los de la oposición coincidieron a la hora de otorgar la licencia de obras en enero de 2006 pese a la existencia de un informe de la arquitecta municipal y otro de la secretaria que advertían en mayo de 2005, ocho meses antes, que en lugar de una nave de aperos de 40 metros cuadrados se había construido una casa rural y que estaba prácticamente terminada a falta de la pintura exterior, lo que constituían una "infracción grave de la disciplina urbanística". Se da la circunstancia de que el lugar cuenta también con protección paisajística.

La Fiscalía solicitó 18 meses de prisión por un delito contra la ordenación del territorio para el vecino que pidió la licencia y que, sin esperar a la autorización, se encargó de levantar la edificación, mientras que para los corporativos municipales –cuatro de ellos en activo, todos ellos del Partido Popular– reclamó 15 meses de cárcel e inhabilitación de nueve años. En el escrito también se incluía la demolición del edificio.

En el banquillo de la sala de vistas del Juzgado de lo Penal 2 de Granada se sentaron el propietario de los terrenos Hilario José Moreno y los concejales de la anterior corporación municipal Francisco Joaquín López Ruiz, Elías Vicente Cara Tarifa, Antonio Fernández Estévez, José Javier Martín Cañizares, Agustina López Morón, Juan Francisco Jiménez Pérez, Juan Miguel garcía Callejón y Dolores Sánchez González.

Sin consulta previa. El propietario de la finca, Hilario José Moreno, admitió que inició la construcción de la nave antes de la concesión de la licencia porque era una práctica habitual en el municipio alpujarreño. "No consulté con nadie", reconoció el acusado, que defendió su uso agrícola pese a las características de la edificación: porche, ventanas exteriores y distintos compartimientos como cocina, aseo o bodega.

Por su parte, el entonces alcalde de Cádiar, Francisco Joaquín López Ruiz, restó validez a los informes que elaboraba la arquitecta municipal, de la que dijo no confiar y a la que atribuyó errores a la hora de aplicar la disciplina urbanística. Coincidió con el resto de concejales en que eran frecuentes los informes desfavorables de la técnico municipal por "no respetar la unidad mínima de cultivo", aplicando unas normas subsidiarias que ni siquiera entonces habían sido aprobadas por la corporación, según el testimonio del ex regidor. De hecho, para este caso concreto se contrató un asesor externo que, según los acusados, no puso ningún impedimento a la concesión de la licencia.

Muchos de los procesados aseguraron que, en el momento de la votación en el pleno, desconocían el estado de las obras. El alcalde sí dijo haber visitado la obra con posterioridad pero negó que aquello tuviera similitud con una vivienda. De todos formas, trató de justificar la iniciativa del propietario de convertir el lugar en un "cortijo" ya que, a su juicio, en una comarca turística como la Alpujarra no resulta estético una "nave con chapas de uralita".

En sus conclusiones definitivas, el ministerio público solicitó, además de las penas de prisión y una multa a cada uno de los acusados, la demolición de la edificación o, como alternativa, que se reconozca que es "una edificación no autorizable en suelo no urbanizable".