JOSÉ LUIS MORENO
El concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Motril, Antonio Escámez, se mostró ayer convencido de que no se han producido irregularidades en la bolsa de trabajo de Limdeco ni en las contrataciones y animó al PSOE a que si ve algún indicio lo denuncie en los tribunales. Para el edil, la sentencia dictada por el titular del Juzgado de lo Social 1 de Motril "es malintencionada y con una clara falta de rigor jurídico".
La sentencia destapó "clientelismo político", vulneración de derechos de los empleados, falsificación de documentos y "coacción a trabajadores" en Limdeco. El juez aseguró en su resolución, además, que la compañía violó los mecanismos de transparencia "de forma burda para adaptar el resultado de las pruebas a sus propios intereses" y consideró "fraudulento" el comportamiento de la empresa, además de condenar el hecho de que "para justificar esta ignominiosa conducta se presione a los mandos intermedios de la empresa y se les obligue a emitir informes falsos".
Para Escámez, "el juez dictó una sentencia claramente política porque se hacen una serie de conclusiones altamente ofensivas tanto para los dirigentes de la empresa como para los políticos que la regentan, sin tener certeza probatoria alguna". Escámez calificó el fallo judicial de "temerario" y "un verdadero despropósito" y añadió que se trata de "una mera opinión subjetiva del juzgador".
El concejal recordó que el presidente del comité que elaboró la bolsa de trabajo de la empresa es del partido socialista, al igual que otros miembros de esta comisión, por lo que, "si hay alguna irregularidad también, la habrá cometido el PSOE".
En cuanto a la supuesta manipulación de empleados para que realicen informes sobre las contrataciones, el edil aseguró que nunca ha existido tal manipulación, simplemente, porque en los dos últimos años las únicas contrataciones que se han producido son las obligadas por el juez y las de la bolsa de empleo.