EFE/ L. O.
El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Granada suspendió ayer el acuerdo adoptado por el Pleno del Ayuntamiento de Almuñécar que adjudicó su servicio de recaudación a una unión de empresas después de no renovar el contrato con la APAT, dependiente de la Diputación Provincial de Granada.
En el auto, el juez argumenta que el Consistorio sexitano "no puede escudarse en la falta de medios materiales y personales para la gestión tributaria", unas tareas que deben desempeñarse por "personal seleccionado con arreglo a los principios de publicidad, igualdad, mérito y capacidad".
De hecho, recuerda que "son funciones públicas en todas las corporaciones las de secretaría e intervención", que comprenden la fiscalización y control interno de los ingresos y gastos.
Esta decisión judicial se produce después de que la Junta de Andalucía solicitara al juez la anulación de todos los acuerdos adoptados en Pleno en Almuñécar relativos a la suspensión del servicio de recaudación con la Agencia Provincial de Administración Tributaria de Granada, dependiente de la Diputación, y su adjudicación a la unión temporal de empresas Ferroser y Recam UTE. La decisión de adjudicar el servicio a la UTE fue aprobada con los votos a favor de los grupos de CA y PP, la abstención del PA y la oposición de los grupos del PSOE e IU.
Esta solicitud ha sido efectiva tras una denuncia del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Almuñécar en la que se apuntaba que esta adjudicación suponía un grave perjuicio para el interés público municipal. Precisamente, el secretario general del PSOE de Almuñécar, Francisco Prados, valora hoy en rueda de prensa esta resolución judicial sobre el servicio de recaudación municipal.