BALTASAR G. CANO
El Ayuntamiento de Almuñécar recurrirá la sentencia que anula la adjudicación del servicio de recaudación a una UTE (Unión temporal de empresas) ya que, a su entender, el dictamen se debe a "un error de interpretación", dado que el juez reconoce la existencia de fallos en el pliego de condiciones del concurso público que fueron subsanados posteriormente.
Para el equipo de gobierno que preside Juan Carlos Benavides (CA), aunque la justicia tiene fama de lenta, nunca ha funcionado con tanta rapidez como en este caso, ya que el lunes se aprobó en pleno la concesión del servicio y dos días después, el miércoles, se difundió la sentencia que la anula.
Esta celeridad se ha producido, según fuentes municipales, porque el fallo hace referencia a un pliego de condiciones ya inexistente. De hecho -resaltaron- la empresa que ganó el concurso concurrió en base a las nuevas condiciones que "sí cumplían con la normativa".
El gabinete jurídico del Consistorio estudia ahora la sentencia para presentar la documentación relativa a la subsanación de errores que se hizo de las condiciones del concurso publicadas inicialmente en el Boletín Oficial de la Provincia.
El equipo de gobierno sexitano recordó, por otro lado, que tanto la Junta como la Diputación, que gestionaba el servicio anteriormente, presentaron un recurso contra la oferta pública del servicio de recaudación. El escrito del ente provincial fue rechazado, mientras que la sentencia dictada ahora por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo 1 de Granada se corresponde al requerimiento del Gobierno andaluz.
La sección sindical de CGT en la APAT (Agencia Provincial de Administración Tributaria) de la Diputación destacó, por su parte, que la decisión judicial es un triunfo más frente a la privatización de los servicios públicos por parte de las administraciones, afirmación que también sostuvo CGT.
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