Cuestión de género

Colectivos ciudadanos locales y nacionales rechazan la Ordenanza de la Convivencia que consideran que perseguirá severamente a colectivos marginales

M. J. SEGURA El espacio público se ciñe a su definición o únicamente puede ser disfrutado por ciertos sectores de la población? Ésta fue la cuestión que pusieron ayer sobre la mesa distintas asociaciones que defienden los derechos de colectivos marginales y cuyas actividades, entienden, serán severamente perseguidas cuando entre vigor la Ordenanza de la Convivencia que aprobó el pasado viernes en pleno el Ayuntamiento de Granada con los votos a favor de PP y PSOE y el rechazo de IU.

El documento ha generado el malestar de quienes aseguran que su articulado invisibilizará a ciudadanos que necesitan del apoyo de las administraciones para salir de su situación de exclusión -es el caso de las personas sin hogar, por ejemplo- o criminalizará la actividad económica de otros muchos -músicos o artistas callejeros y trabajadoras del sexo.

El Centro Creativo Joven se convirtió ayer por la tarde en un foro de debate, organizado por IU, que contó con la presencia de representantes de organizaciones locales y nacionales. La portavoz de Genera -asociación que defiende los derechos de las mujeres partiendo del ámbito del trabajo sexual-, Clarisa Velocci, hizo una comparativa entre la ordenanza que se está aplicando en Barcelona en el marco de la convivencia y la que se va a implantar en Granada.

Velocci aseguró que la norma granadina es mucho más restrictiva que la que se aplica en la capital catalana. Argumentó que en esta última se sanciona con entre 275 y 375 euros a las meretrices que informen o negocien un servicio a menos de 200 metros de un centro educativo, mientras que en Granada las multas se sitúan entre los 1.500 y los 3.000 euros cuando se ejerza esta actividad a menos de 200 metros de cualquier espacio habitado.

"En cuanto a convivencia no ha habido grandes cambios, porque las ordenanzas no son los mecanismos adecuados para lograrla", sentenció Clarisa, quien destacó que la implantación de esta norma en la capital catalana ha sido "un auténtico fracaso", ya que sólo ha conseguido generar una situación de "acoso policial" sobre un colectivo vulnerable y estigmatizado como es el de las prostitutas.

Afirmó que las ordenanzas sólo contribuyen a que las trabajadoras del sexo que quieran desarrollar su profesión y no deseen abandonarla se encuentren en una situación de enorme dificultad en lo que a pacto con el cliente y medidas de sexo seguro se refiere. Además, señaló Velocci, de propiciar cierta despreocupación por parte del entorno, favoreciendo aún más fracturas sociales de colectivos cuyos derechos fundamentales no son siempre tenidos en cuenta por las administraciones.

"Con la entrada en vigor de la norma en Barcelona hace ahora tres años, era bastante más peligroso ofrecer un servicio sexual que saltarte un semáforo en rojo. Un nivel de prioridades flagrantes", comentó.

La portavoz de la organización catalana aseguró que la mayoría de los argumentos esgrimidos por los políticos para elaborar estos documentos son grandes ideas con fines electorales que no tienen cabida en la realidad: "No tienen coherencia. Para prevenir la explotación sexual no se imponen sanciones a un grupo de mujeres con pocos derechos sociales".
"Problema". La portavoz de esta ONG sostuvo que no se debe considerar la prostitución necesariamente como un problema, puesto que afirmó que sólo son mujeres que intentan con su actividad ganarse el pan de cada día y alimentar a sus hijos. "Lo que molesta es que haya mujeres de pie en un esquina haciendo uso del espacio público", resaltó Velocci, quien achacó la aprobación de estas ordenanzas de convivencia a una cuestión de sexo.

Indicó que si fueran hombres los que mayoritariamente se dedicaran al trabajo sexual, su regulación variaría considerablemente: "Los poderes políticos y sociales no irían en la misma línea. La prostitución masculina es absolutamente invisible porque a nadie le molesta que haya un hombre parado en una esquina".

La coordinadora local de IU en Granada, Maite Medina, informó de que, a pesar de que la ordenanza aún no ha entrado en vigor, los agentes de la Policía Local, amparándose en la misma, han retirado estos días a un mimo del centro de la ciudad e incluso pidieron a su formación que bajara la música porque molestaba a la ciudadanía en un acto de campaña.