Convivir con la prostitución

M. J. SEGURA La alegalidad en la que ejercen su profesión las meretrices ha desencadenado la aprobación de ordenanzas municipales que en los últimos tiempos se han multiplicado por toda la geografía española. La mayor parte de estas normativas diseñadas para impedir la prostitución en la calle, beben de una de las ciudades pioneras en la instauración de estos reglamentos, Barcelona.

La capital granadina no iba a ser menos. Las quejas vecinales de los residentes en la carretera de Jaén han arrancado de la administración local una ordenanza para borrar de sus aceras a las trabajadoras sexuales. Distintas organizaciones que ayudan a este colectivo ven en los reglamentos una vía para castigar una profesión, a cuyas protagonistas no se tiene en cuenta e incluso aseguran que se vulneran sus derechos fundamentales.

Para abordar este conflicto social Acción en Red de Granada organizó ayer una mesa redonda ‘Ordenanzas municipales y prostitución’ en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, en la que intervinieron dos mujeres que trabajan a diario con meretrices.

En la mesa se sentaron Estefanía Acién, miembro de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) y de Acción en Red, Cristina Fernández Bessa, miembro del Observatorio del Sistema Penal y los Derechos Humanos de la Universidad de Barcelona, y Elena Lázaro González, miembro de APDHA y encargada de moderar el encuentro.

Ambas ponentes partieron de la misma premisa: las ordenanzas municipales se limitan a imponer sanciones sin ahondar en la raíz del problema. Cristina Fernández Bessa, que está desarrollando un trabajo de investigación en la Universidad de Barcelona sobre estas normativas, habló de las consecuencias de la implantación de este reglamento en la capital condal.

“Estas ordenanzas de civismo no recogen la voz de las trabajadoras sexuales, no tienen en cuenta sus derechos. Se trata de una persecución a un colectivo vulnerable”, precisó Fernández Bessa, quien destacó el estigma que recae sobre estas mujeres. “Son víctimas o culpables de haber trasgredido una línea socialmente no aceptada”.

Afirmó que las meretrices no son sólo mujeres que ejercen su profesión presionadas por mafias, sino también personas autónomas con ingresos a las que se le deben reconocer sus derechos. “Las ordenanzas dividen a la población entre ciudadanos de primera con derecho a hacer uso del espacio público y ciudadanos de segunda a las que esto se les impide”.

La investigadora de la Universidad de Barcelona subrayó que en la capital catalana se están extremando las multas que oscilan entre los 270 y los 2.500 euros. “Se han dado casos en los que los agentes obligan a las prostitutas a salir de una cafetería para poder multarlas en la calle e incluso las sancionan por el hecho de estar en la puerta de un locutorio”.

Comentó que el Ayuntamiento barcelonés ha llegado a embargar las cuentas de estas mujeres aduciendo que con esta medida se evita la explotación, sin embargo, Fernández Bessa sostuvo que la iniciativa las perjudica aún más.

Sobre la mesa está el conflicto social que genera la presencia de trabajadoras sexuales en la calle. Los residentes en estas zonas se quejan de insalubridad, ruido y, muchos de ellos, aseguran que no desean que sus pequeños se topen con prostitutas en su barrio. Las dos participantes en la mesa redonda señalaron que entienden las molestias que denuncian los vecinos y como solución a una realidad que no debe pasar por ordenanzas que se limiten a sancionar, apostaron por el diálogo entre ambas partes.

Estefanía Acién explicó que en algunas zonas del país, vecinos y meretrices han alcanzado un acuerdo de mínimos que ha puesto fin a esta situación. “Las prostitutas se comprometieron a no ensuciar la calle y a evitar ruidos”.

Es ésta la postura que defendió a lo largo de su exposición. Un diálogo que no dé la espalda a un colectivo sobre el que pesan numerosos estereotipos. “Siempre se piensa que estas mujeres son víctimas de terceros, que tienen necesidad de escapar de la realidad en la que se encuentran. Se suele pensar también que son personas que no están dispuestas a decidir sobre su vida”.

Pero la experiencia le dice que existen mujeres que no quieren abandonar su profesión y que contemplan el ejercicio de la misma como una fuente de ingresos con la que alimentar a sus hijos o simplemente mantenerse. Fernández Bessa coincidió en estas afirmaciones. “Muchas prostitutas nos cuentan que con su trabajo dan la posibilidad a sus hijos de obtener la educación que ellas no tuvieron”.