M. J. SEGURA
El 70% de los españoles, según datos de una encuesta publicada por el rotativo norteamericano Financial Times, estaría de acuerdo en que en estos momentos de dificultades económicas los inmigrantes que pierdan su puesto de trabajo regresen a su país de origen. Una información que ha alarmado a las distintas organizaciones nacionales y provinciales que defienden los derechos de este colectivo, ya que consideran que puede abrirse "una brecha social".
"La crisis nos golpea a todos", con estas palabras Sylvia Koniecki, de la asociación Granada Acoge, introdujo ayer las consecuencias que está teniendo para los inmigrantes la actual crisis económica española y mundial. Así, recordó que el 50% de los extranjeros no comunitarios residentes en la provincia podrían perder sus papeles si no logran conservar el empleo. Estas cifras aportadas por Granada Acoge a finales del año pasado revelan la delicada situación a la que podrían enfrentarse más de 13.000 de los 25.061 inmigrantes que viven en suelo granadino.
En la época de bonanza económica el país abrió las puertas a la mano de obra extranjera. Miles de inmigrantes han ido arribando a las diversas comunidades autónomas españolas para trabajar no sólo sobre los andamios y en el servicio doméstico, sino que muchos de ellos han creado sus propios negocios y han contribuido con su esfuerzo a generar riqueza. Sin embargo, Sylvia Koniecki denunció que la sociedad ha valorado al extranjero no comunitario en función de su utilidad. "Ahora que deja de ser un factor que ayuda a nuestro bienestar social se puede prescindir de él".
Aseguró que según los últimos datos de paro aportados por el Ministerio de Trabajo, la destrucción de empleo entre la población activa española creció un 50%, mientras que en la inmigrante ascendió al 70%. Estas cifras también se pueden justificar, apuntó Koniecki, porque los ciudadanos autóctonos han vuelto a puestos de trabajo que ya no realizaban.
Por ello, asociaciones como Acción en Red, Aspa, Yumma África y Granada Acoge, reunidos bajo el Foro por la Defensa de los Derechos de los Inmigrantes, han organizado una serie de actividades para concienciar a la ciudadanía de la necesidad de proseguir en la labor para la integración de las personas de otras culturas y nacionalidades que residen y comenzaron a desarrollar su proyecto de vida hace años en el país.
Muchas de estas personas con un permiso de trabajo temporal podrían ver obstaculizada la renovación de sus documentos si pierden el empleo. Koniecki subrayó que volverían a una situación que no significa su expulsión o repatriación inmediata, pero sí a ocultarse de la policía y a instalarse de nuevo en el miedo.
Las iniciativas emprendidas por estas organizaciones continúan hoy a las 11.30 horas en la Fuente de las Batallas. Allí tendrá lugar un acto con motivo de Día Internacional contra el Racismo y la Xenofobia.
Ley de extranjería. En su batalla por los derechos y libertades de este colectivo de amplia presencia en la provincia, el Foro por la Defensa de los Inmigrantes se pronunció sobre algunos aspectos del nuevo anteproyecto de reforma de la ley de extranjería que ha redactado el Gobierno español. Para este foro se parte de un error de enfoque, puesto que entienden que se debería plantear una nueva norma que propiciara la integración y que no se limitara a una reforma de la actual.
Las organizaciones reunidas en esta iniciativa denunciaron lo que para ellas representan los aspectos más preocupantes de este nuevo documento. Entre ellos, subrayaron la diferenciación de estatus, ya que argumentaron que este anteproyecto establece, además de la diferenciación entre personas con y sin permiso de residencia, la separación entre residentes de larga duración -antes permanentes- y el resto de extranjeros con permiso a residencia.
Los inmigrantes no sólo se encontrarán con nuevas formas de denominar la situación en que viven en el país, también verán limitado su derecho a vivir en familia, puesto que la ley contemplará la posibilidad de que sólo puedan traer a España a ascendientes mayores de 65 años.
Los menores no acompañados podrán ser repatriados si se entregan a los servicios sociales de protección a la infancia de sus países de origen, a este factor se suma lo que en el foro consideran una "persecución de la solidaridad". El anteproyecto tipificará como infracción grave el hecho de empadronar a un inmigrante en la propia vivienda si ésta no es su residencia legal.
A pesar de los muchos aspectos que se deben subsanar, el nuevo documento recoge factores positivos como el tratamiento a las mujeres inmigrantes víctimas de la violencia de género, ya que independientemente de la raza, la cultura y la nacionalidad las personas deben tener garantizados sus derechos y libertades.
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