S. G. CARO
Tres cervezas, dos copas y un volante complicaron la vida de I. F. una noche de noviembre. La memoria conserva bien la cadena de acontecimientos: un compañero de trabajo decía adiós a la soltería, a la alegría siguieron un par de tragos y cuando regresó a casa en coche dio de bruces con un control rutinario. La fatalidad tenía dos dígitos, 0,62 gramos de alcohol por litro de sangre, un punto por encima de la tasa máxima permitida. Eran las dos de la madrugada y tenía menos de seis horas para presentarse en los juzgado y esperar a que el destino se revelara: 720 euros de multa, un año sin carné y casi un mes de trabajo en servicio de la comunidad. "Había escuchado algo en la prensa de la entrada en vigor del sistema por puntos, pero no pensaba que podía ocurrirme a mí y que significaría todo lo que estoy pasando", explica este granadino que acaba de concluir la condena de trabajo en servicio de la comunidad. Dada su formación, la ´penitencia´ ha consistido en realizar labores administrativas en Cruz Roja. Ahora, prepara oposiciones y no sabe si cuando recupere el permiso de conducción le quedará antecedentes penales que le impidan presentarse a un concurso público de empleo.
La historia de J. F. es similar: a raíz de un control rutinario en la carretera perdió su carné y comenzó un año de calvario con el que, por otro lado, evitó otro mal mayor. "Cuando soplé, di 0,61, así que me retiraron el permiso de conducir, tuve un juicio rápido y casi 20 días de servicios comunitarios", declara. Todo esto ocurrió el pasado año y es ahora, a punto de recuperar el carné, cuando cumple veinte días de servicios en Cruz Roja, donde trabaja en el servicio de limpieza y mantenimiento. "Me dieron a elegir entre limpiar instalaciones deportivas o trabajar como albañil, pero yo aposté por una actividad a la que le viera más utilidad, así que me derivaron a la ONG; aquí dedico tres horas durante las mañanas, ya que por cuestión de horarios no puedo hacer otras tareas como el transporte adaptado", explica.
En ambos casos, la situación de J. F. e I. F. es casi desconocida para su amigos y compañeros de trabajo. Como estos dos granadinos, que han rehusado dar a conocer su identidad o fotografiarse, la mayoría de las personas que cumplen trabajos a la comunidad por conducir con una tasa de alcohol superior a la permitida en sangre o con exceso de velocidad consideran que sufren un desatino de la suerte. "En ningún caso piensan que podrían haber provocado un accidente", explica Lourdes Reinoso, responsable del programa de trabajo en beneficio de la comunidad de Cruz Roja.
La ley ha creado un nuevo tipo de delincuencia que desborda la capacidad de la ONG. De hecho, desde diciembre de 2007, cuando entró en vigor la ley del carné por puntos, el número de personas que desempeñan trabajos en beneficio de la comunidad en Cruz Roja se ha multiplicado de forma exponencial: de cinco personas de media se han pasado a casi ochenta, la mayoría infractores por mezclar el alcohol y el coche.
El servicio de trabajo en beneficio a la comunidad existe desde 2003, cuando se acometió una reforma del Código Penal por la que se incluye esta posibilidad en sustitución de los arrestos de fin de semana en el caso de menores y delitos de violencia. Con la reforma de la Ley de Tráfico en 2007 se incluye como delito superar la tasa de 0,6 gramos de alcohol por litro de sangre al coger el volante, algo que hasta entonces era una falta y podía solucionarse en el Juzgado. La nueva normativa ha convertido en delincuentes a decenas de personas que nunca habían pensado en llegar a esa situación. "La nueva ley no entiende de perfiles, han pasado por aquí profesores de universidad, abogados o camareros", añade la responsable del programa.
"Si en 2004 contábamos con cinco personas que cumplían esta penalización, en su mayoría menores o casos de violencia, el pasado año tuvimos 84", declara Reinoso. De hecho, de enero a marzo, más de cuarenta personas han cumplido este servicio que cada vez cuenta con más empresas colaboradoras.
Todas las personas que llegan a la ONG para desempeñar un servicio a la comunidad han sido derivados por Instituciones Penitenciarias. Actualmente, los penalizados pueden realizar su labor en diferentes áreas que pasan tanto por el traslado a su centro de día de personas dependientes hasta labores de limpieza o tareas de oficina. De acuerdo con el perfil de cada trabajador y sus posibilidades de cumplir la pena, se les aplica una labor u otra. "La ley intenta compatibilizar la vida social y laboral de cada individuo", añade. En todo caso, recuerda Reinoso, la finalidad es reparar un daño social a la comunidad. "En el caso de tráfico, no se ve así, porque el alcohol está muy aceptado en la sociedad y todos piensan que ellos no merecen ser castigados por algo tan habitual", destaca.
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