Castilla y León recurrirá el cierre de Garoña

EFE El Consejo de Gobierno de Castilla y León ha acordado hoy la presentación ante los tribunales de justicia de un recurso contra el cierre de la central nuclear de Santa María de Garoña, anunciado para 2013, por "arbitrario e injustificable" y también por representar un "grave perjuicio económico".

La pérdida de más de un millar de empleos tanto en la zona de la central nuclear como en su área de influencia, "supondrá un duro golpe tanto a la comarca del Ebro burgalés como a Castilla y León", ha manifestado hoy a los periodistas el portavoz del Gobierno regional, José Antonio de Santiago-Juárez, al término del Consejo.

"Nos encontramos ante un cierre arbitrario, injustificado e injustificable, de una actividad empresarial rentable en términos económicos, segura como dictaminó el Consejo de Seguridad Nuclear y que da ocupación a más de mil trabajadores en la comarca", ha argumentado el portavoz y consejero de Presidencia.

El recurso, cuyo plazo de presentación expira el 6 de octubre, argumentará además la presencia de "graves defectos" en la tramitación del proceso del cierre, plasmado éste en una orden del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio fechada el pasado 3 de julio y que determina, como cese definitivo de la explotación, la fecha del 6 de julio de 2013.

Entre estos defectos, De Santiago-Juárez ha mencionado que la orden ministerial ha sido elaborada sin contar con las administraciones interesadas, caso de la Junta de Castilla y León y de los municipios afectados, con las cuales "ni siquiera se realizó un trámite de audiencia" después del informe emitido desde el Consejo de Seguridad Nuclear, ha precisado.

Los servicios jurídicos del Gobierno autonómico han valorado la posibilidad de solicitar una medida cautelar que de momento impida el cierre de la central nuclear, pero temen que lo haga imposible una inmediata sentencia de la Audiencia Nacional, contra la que cabría un recurso ante el Tribunal Supremo.

Las empresas Iberdrola y Endesa, ha recordado el consejero y portavoz, ya han expresado su intención de acudir a los tribunales, de igual forma que las siete localidades burgalesas que integran la Asociación de Municipios Afectados por Centrales (AMAC), entre ellos el de Valle de Tobalina, en cuyo término se asienta la central nuclear.