Aseguran un muro del Nevada desplazado por las lluvias

EUROPA PRESS La empresa promotora del Parque Comercial Nevada, paralizado por orden judicial por su supuesta tramitación irregular, está ejecutando medidas de aseguramiento de un muro de contención que fue desplazado tras las últimas lluvias registradas en la provincia granadina, que provocaron acumulación de tierra sobre la estructura.

General de Galerías Comerciales utiliza a una máquina para descargar el muro, unos trabajos que acomete después de que el Ayuntamiento de Armilla se lo requiriera tras observar la situación, que podía poner en peligro el muro, colindante con la calle Darwin. Así, a instancias del Juzgado de lo Penal 3, que se encargará de enjuiciar el caso a partir del próximo mes de abril, la empresa comenzó las tareas.

Según informó el concejal de Urbanismo en el Consistorio armillero, Víctor Cid, los técnicos municipales han constatado que las obras se están ajustando a la legalidad y que la totalidad de las autorizadas por el juez --en un principio por el instructor, el magistrado Miguel Ángel del Arco y después ampliadas por la Audiencia Provincial-- están ya a punto de finalizar.

En el momento en el que la empresa comunique al Ayuntamiento la conclusión de las medidas de seguridad adoptadas, el arquitecto municipal redactará un informe al respecto, que también deberán elaborar los agentes del Seprona. Por ahora, la tarea del Consistorio es "evitar los riesgos que puede suponer para los viandantes y los vecinos de Armilla los elementos sueltos de un edificio cuyas obras están paralizadas", y por esa razón cada vez que se ha detectado un posible peligro se han iniciado los correspondientes expedientes.

La Audiencia ya permitió al promotor, Tomás Olivo --imputado en la causa--, cerrar e impermeabilizar la cubierta del edificio, estimando el recurso presentado por General de Galerías Comerciales contra el auto dictado por el Del Arco, que consideró que el cerramiento supondría "un paso a la terminación final".

En la nueva resolución, el tribunal fundamentó su decisión en el auto del 2 de marzo en el que el instructor autorizaba la realización de obras que se considerasen "absolutamente necesarias" en previsión de riesgos para terceros y en la que se pedía a Olivo un proyecto básico. En éste último, elaborado por un arquitecto, se incluyó la impermabilización en zonas de cubierta y la conclusión del cerramiento perimetral, medidas que sin embargo fueron denegadas posteriormente por Del Arco.

La Sección Primera consideró que las no autorizadas sí eran esenciales para prevenir riesgos, teniendo en cuenta que así lo reconocía un informe del servicio de Incendios y Protección Civil en el que se constataba que las tapas del techo del Nevada, de 10 metros cuadrados de superficie, estaban siendo arrancadas por el viento, lo que dejaba a la cubierta en una situación "precaria" con el peligro de que se desplacen y caigan en otro punto. Así, la Audiencia vio "necesario" el aseguramiento y dio el visto bueno al cerramiento e impermeabilización de la cubierta, además de las medidas que ya autorizó el juez instructor.

En el conocido como 'Caso Nevada' están imputadas un total de once personas, entre ellas el que fuera alcalde de la localidad José Antonio Morales Cara, el ex edil de Urbanismo y ex vicepresidente de la Diputación Gabriel Cañavate, y el promotor de la construcción, Tomás Olivo, que serán enjuiciados en el Juzgado de lo Penal 3 de Granada durante 19 días, desde el 20 de abril hasta el 27 de mayo.

La Fiscalía solicitó en su escrito de calificación provisional la demolición del Nevada, considerando a Morales Cara y a Cañavate autores de dos delitos contra la ordenación del territorio en su modalidad de prevaricación y en su modalidad prevista para funcionarios públicos miembros de órganos colegiados y de otro de infidelidad en la custodia de documentos públicos, por los que pide penas de dos años de prisión, 20 de inhabilitación y multa de 10.800 euros.

Al promotor de la construcción --también imputado en el 'Caso Malaya'-- lo considera el Ministerio Público autor de un delito contra la ordenación del territorio, y de otro de desobediencia grave a la autoridad judicial, por los que solicita 2 años y dos meses de cárcel, multa de 10.800 euros y dos años de inhabilitación.

El PP, que en un primer momento eximió de responsabilidad penal a Olivo y a cuatro personas más, se adhirió después a la petición del fiscal, mientras que Los Verdes, personado también como acusación particular, ha solicitado para los imputados penas de hasta cuatro años de prisión y seis de inhabilitación.