Las ayudas de Invercaria abren un nuevo frente al Gobierno andaluz

MÓNICA URETA / LA OPINIÓN DE MÁLAGA Las dudas sobre las ayudas de la entidad pública Invercaria a empresas en crisis, que el PP vincula al escándalo de los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) irregulares pagados con dinero público, ha abierto un nuevo frente a la Junta.

Un informe de la Cámara de Cuentas, que fiscaliza la actividad de la sociedad de capital riesgo de Andalucía en 2009, detecta irregularidades en el procedimiento de concesión de las subvenciones, gastos «injustificables» en la tarjeta de crédito del presidente y denuncia que tres personas que cobraban de Invercaria aunque no trabajaban ahí, entre los que se encuentra un concejal socialista de Marbella. El Gobierno andaluz defendió la «transparencia y legalidad» de las operaciones de Invercaria y el PP, que insiste en calificarlo como un «segundo fondo de reptiles», enviará toda la documentación a la jueza del caso ERE.

La Cámara de Cuentas lanza varias advertencias. Dice que Invercaria «incumple» la ley a la hora de contratar a parte de su personal y avisa de que hay tres empleados que cobran un sueldo de la entidad sin trabajar en ella. Uno de ellos es el director del Centro de Apoyo al Desarrollo Empresarial (CADE) de Marbella, Óscar Fernández Vicioso, concejal del PSOE en la localidad malagueña. El coste de ese personal asciende a 161.861 euros.

Añade que los más de 25.000 euros gastados por el presidente de la empresa pública con la tarjeta de crédito «no se han podido justificar debidamente». El informe del ente fiscalizador levanta dudas sobre el procedimiento para otorgar las subvenciones que, a su juicio, puede dar lugar a la «discrecionalidad» porque «no existe ningún criterio para determinar los requisitos que deben reunir los beneficiarios, las condiciones de los préstamos o los importes».

Este último punto es el que le sirve al PP para asegurar que Invercaria gestionaba «un segundo fondo de reptiles que se sumaba al primero», ya que algunas empresas cobraron «en poco tiempo» ayudas de esta entidad pública y de la partida presupuestaria 31.L, de donde salieron las subvenciones investigadas por la jueza.

El secretario general del PP andaluz, Antonio Sanz, puso el ejemplo de la empresa Electronic Devices Manufacturer (EDM), de Mancha Real (Jáen), que llegó a recibir entre 2007 y 2009 unos 4,7 millones entre ayudas y préstamos. Explicó que la Consejería de Empleo le otorgó más de tres millones en subvenciones y 384.000 euros con cargo al «fondo de reptiles».

«El todo vale del PP». Tres meses después, Invercaria le concedió dos préstamos –de 450.000 euros y otro de 730.000– fraccionados, según el PP, para «evitar que tuviera que pasar por el Consejo de Gobierno al superar el 1,2 millones». Los populares, que están personados en la causa de los ERE, harán llegar a la jueza Mercedes Alaya toda su información.

El presidente andaluz, José Antonio Griñán, eludió responder directamente y se remitió a una nota de la empresa pública, en la que se defiende la «transparencia y legalidad» de la gestión de Invercaria desde su creación, en 2005.

Arremetió contra la política del «todo vale del PP» y aseguró que en 2010 ya se mejoró el procedimiento. Explicó que todos los fondos que gestiona Invercaria están regulados por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), por lo que toda su actividad está «sometida a riguroso control y estricto seguimiento». Además, para una «mayor transparencia» sus cuentas son auditadas cada año por PriceWaterhouseCooper.