La Fiscalía analizará la gestión de tres empresas públicas

EUROPA PRESS El portavoz de Presupuestos del Grupo Popular, Salvador Fuentes, anunció ayer que su formación elevará a la Fiscalía Superior de Andalucía el informe de la Cámara de Cuentas andaluza sobre la gestión de la empresa pública Sandetel y sus filiales Citandalucía y Sadesi, por el “incumplimiento” de la Ley en “el ámbito contable, laboral y de contratación” que puede ser “constitutivo de delito”.

En concreto, Fuentes explicó en rueda de prensa que el informe pone en “evidencia presuntas actuaciones fraudulentas al margen de la Ley cometidas por el ex presidente de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y el actual presidente, José Antonio Griñán”.

Así, dependiendo de la decisión del fiscal tras analizar las supuestas “irregularidades que pone de manifiesto el informe”, el PP-A denunciará en la Justicia el caso, después de demandar en el Parlamento de Andalucía “la creación de una comisión de investigación para analizar dicho informe”.

Dicho informe evalúa los principios y normas de control interno y pone de manifiesto que “la Junta de Andalucía y el Consejo de Gobierno tienen la posibilidad de incluir a las empresas en el Plan de Control Financiero Permanente, y parece ser que la Junta no consideró en su día que este grupo de empresas no era susceptible de ser controlado de forma permanente”, concretó Fuentes.

Asimismo, el portavoz explicó que “no hay un puesto de control financiero específico en ninguna de estas tres empresas”, así como que se desconoce el trabajo de cada una de ellas porque “no hay inventario en la gestión”.

En cuanto a la Administración, cuando se le pregunta sobre la contratación de personal, la Cámara de Cuentas llega a la conclusión en dicho informe que "no se sabe nada de expediente alguno y se incumple el principio de igualdad, mérito y capacidad". Junto a esto, Fuentes afirmó que en las empresas en cuestión, se hacen “numerosos contratos con el mismo objeto, a un mismo proveedor y formalizados en el mismo ejercicio, en algunos casos se llegan a prorrogar los contratos de una manera escandalosa”, matizó el diputado.

Respecto a su financiación, Fuentes explicó que “sobrepasan el 6% establecido por la Ley”, de manera que “subvenciones que aparecen en el presupuesto como capítulo 7 transferencias de capital son gastos corrientes, de funcionamiento y de personal”.