La ley que regula la muerte digna recibe el primer aval

EFE El proyecto de ley de dignidad ante el proceso de la muerte, que garantizará el derecho de los enfermos terminales a recibir cuidados paliativos y a rechazar o interrumpir su tratamiento, el primero de este tipo en España, superó ayer en el Parlamento andaluz su primer trámite antes de ser aprobado.

La denominada ley de Derechos y Garantías de la Dignidad de las Personas en el Proceso de la Muerte, a la que no se presentó ninguna enmienda a la totalidad con propuesta de devolución, regula el ejercicio de los derechos del paciente en la última etapa de la vida para asegurar su autonomía y el respeto a su voluntad y dignidad.

Recoge los deberes de los profesionales encargados de la atención y las funciones de las instituciones y centros sanitarios, así como el derecho de los ciudadanos andaluces a declarar la voluntad vital anticipada, prevista en el Estatuto de Autonomía.

Redactado con el acuerdo y las aportaciones de más de 60 colectivos, supone un “salto cualitativo” en cuanto a la atención al paciente y su dignidad, y garantiza la seguridad jurídica a los profesionales sanitarios que intervienen en este proceso, dijo la consejera de Salud, María Jesús Montero. “La ley es notablemente avanzada en el ordenamiento jurídico vigente”, sostuvo la consejera, que insistió en la idea de que en modo alguno regula “ni la eutanasia ni un suicidio asistido”. Otro aspecto es el derecho del paciente a recibir tratamiento del dolor, incluyendo la sedación paliativa, en su domicilio, si bien podrá igualmente rechazar o paralizar cualquier tratamiento o intervención, aunque ello pueda poner en peligro su vida.

Montero señaló los casos del gallego Ramón Sampedro o al de la granadina Inmaculada Echeverría, que interrumpió su tratamiento, y dijo que abrieron este debate en la sociedad española y andaluza, que “apoya” esta ley de “gran relevancia social y respeto individual”. “Es pertinente y absolutamente necesaria”, resumió la consejera, que pidió a los grupos “altura de miras”.

El texto dispone que las instituciones sanitarias responsables de la atención directa, tanto públicas como privadas, garantizarán el cumplimiento de los derechos del paciente.

Los centros sanitarios deberán contar con comités de ética de carácter consultivo para el asesoramiento en la toma de decisiones.

Ana María Corredera (PP-A) abogó por incidir durante estos procesos en la información médica antes de que el paciente tome cualquier decisión y ejerza su derecho, y exigió que la norma recoja la objeción de conciencia de los profesionales de la medicina, una posibilidad que ya ha rechazado el PSOE.